El Gobierno prevé iniciar en los próximos meses el cierre de entre ocho y diez empresas públicas que, actualmente, se encuentran en evaluación, informó el ministro de Economía, Christian Morales.
Explicó que la medida busca reducir el gasto estatal y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Señaló que algunas de estas entidades fueron creadas en anteriores gestiones con fines políticos o para generar empleos para las bases del partido en el poder.
“En el muy corto plazo, te hablo por lo menos en lo que va de estos meses, hay un grupo de unas ocho, 10 empresas que vamos a empezar a cerrarlas”, afirmó Morales en declaraciones para la red Erbol.
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La autoridad aclaró que el proceso de cierre no será igual para todas las empresas, debido a que cada una atraviesa condiciones financieras y legales, entre ellas la existencia de activos, pasvios y créditos otorgados por el Banco Central de Bolivia (BCB), algunos de ellos con garantía del Tesoro General de la Nación (TGN).
“Tenemos que ver la mejor forma de solucionar estos aspectos, porque al final de cuentas son recursos públicos, son recursos de todos los bolivianos”, declaró.
Morales precisó que algunas firmas estatales podrían ser cerradas con mayor rapidez, mientras que otras podrían mantenerse en funcionamiento si, tras la evaluación, se determina que tienen condiciones para continuar.
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Por otra parte, el ministro informó que el Gobierno logró reducir aproximadamente en un 30% la carga burocrática de las entidades del nivel central del Estado, incluyendo el Órgano Ejecutivo y sus instituciones descentralizadas y desconcentradas.
Según dijo, el ajuste contempla un ahorro cercano a los Bs 2.000 millones, recursos que fueron reasignados principalmente a los sectores de salud y educación mediante la creación de ítems.
Respecto a la subvención a los combustibles, el titular de la cartera de Economía señaló que el beneficio representa una presión importante para las finanzas públicas, debido a que actualmente demanda alrededor de $us 200 millones cada mes.
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Recordó que en diciembre de 2025 se implementó un retiro parcial del subsidio que, según explicó, permitió estabilizar las cuentas estatales en un escenario de precios internacionales diferentes. Sin embargo, sostuvo que el posterior aumento de las cotizaciones internacionales volvió a poner en evidencia la “insostenibilidad” del actual esquema.
Ante ello, el Gobierno deberá analizar si mantiene los recursos destinados a la subvención o si una parte de los fondos puede ser orientada a proyectos de inversión e infraestructura en áreas como salud, educación y carreteras.
En julio, la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), dependiente del Ministerio de la Presidencia, identificó a 15 empresas estatales en “estado crítico” debido a pérdidas acumuladas. En total, la crisis financiera equivale a Bs 12.700 millones, de las cuales Bs 5.100 millones corresponden a compañías consideradas de mayor riesgo.
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Entre las empresas con la situación más delicada se encuentran Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Mi Teleférico, la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), la Empresa Siderúrgica del Mutún, el ingenio azucarero San Buenaventura y otras compañías creadas durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) entre 2006 y 2025.