El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, cuestionó las medidas de presión activadas en rechazo al Decreto Supremo 5676, que establece en Bs 18 por litro el precio del diésel para grandes consumidores, y advirtió que detrás de algunas movilizaciones estarían siendo utilizadas con fines políticos.
La autoridad sostuvo que, si bien existen demandas legítimas de distintos sectores, determinados intereses pretenden aprovechar el conflicto generado por la medida para mejorar su posición política.
“Cuando se ve la intransigencia a pesar de que se plantean diferentes soluciones, inmediatamente se identifica la conexión política que se está hilando entre distintos lugares y, teóricamente, dirigentes es ya una consecuencia, evidentemente, de un problema real, pero con un aprovechamiento político”, afirmó en Cadena A.
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Tras la aprobación de la norma, diferentes sectores expresaron su rechazo al nuevo régimen en la comercialización del carburante. En Beni, productores de arroz instalaron un bloqueo sobre la carretera que une Santa Cruz con Beni, protesta que derivó en la intervención de un contingente policial y militar para despejar el paso, en el marco de las disposiciones del Estado de excepción, vigente en el país.
Luego de enfrentamientos esporádicos y gasificación de parte de las fuerzas de seguridad, los movilizados reinstalaron la medida de protesta, que este viernes cumple su tercer día consecutivo.
En Santa Cruz, los productores del departamento otorgaron al Gobierno un plazo de 48 horas para dejar sin efecto la norma; caso contrario, advirtieron con convocar a una Asamblea de la Cruceñidad para definir medidas de presión. El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, calificó la disposición de improvisada y discriminadora, además cuestionó la versión oficial de que la medida fue socializada con los sectores afectados.
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Durante la semana, otros sectores anunciaron asambleas y nuevas acciones de protesta si el Gobierno mantenía la decisión sobre el combustible.
Justiniano precisó que el órgano Ejecutivo no pretende desconocer la crisis energética ni las dificultades actuales para abastecerse de diésel o gasolina, pero advirtió que intereses políticos pretenden “camuflarse” detrás de los reclamos legítimos de los sectores movilizados.
“El carácter político está queriendo camuflarse en la necesidad legitima. Es ahí, donde cabalmente la fuerza pública debe necesariamente actuar no solo porque estamos en un Estado de excepción, sino que esas medidas (de presión) están perjudicando al que puede trabajar o al que puede cosechar; no lo van a dejar pasar”, sostuvo.
El Gobierno enfrenta el conflicto mientras intenta ampliar la participación privada en la importación de combustibles en un contexto marcado por periodos prolongados de desabastecimiento durante tres años, debido a la baja producción local y las dificultades de importación por la falta de divisas.