El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, aseguró que una eventual abrogación del Decreto Supremo 5676 –que fija un precio diferenciado para grandes consumidores del diésel– no solucionará por sí sola los problemas de abastecimiento de combustibles que enfrenta el país.
“Abrogar la medida no va a arreglar el problema de provisión”, afirmó el funcionario en red Uno, al tiempo de señalar que el órgano Ejecutivo mantiene reuniones permanentes con los sectores que rechazan la medida para encontrar un acuerdo.
Reconoció que la norma puede ser revisada y mejorada, pero solicitó discutir primero temas como el abastecimiento de carburantes y políticas de protección a sectores más vulnerables.
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Gálvez aseguró que “todo es perfectible” y que el órgano Ejecutivo está dispuesto a escuchar a todos los sectores, pero remarcó que las conversaciones también deben considerar la diferencia entre el precio de diésel que Bolivia adquiere en el exterior y el costo de comercialización en el mercado interno.
Según dijo, el incremento internacional del carburante y las dificultades para acceder al producto y, por ende, aumentaron la presión sobre el sistema de abastecimiento en el país.
Asimismo, el vocero indicó que uno de los factores que impulsaron la norma es que parte del diésel adquirido por algunos usuarios es revendido en el mercado negro. Según información que recibió en reuniones previas, afirmó que algunos grandes consumidores directos incurrían en la reventa de diésel que adquirirán para para actividades establecidas.
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También señaló que, luego de la implementación del nuevo régimen de comercialización, las solicitudes de privados interesados en importar diésel habrían aumentado significativamente.
“Se ha quintuplicado, entre cinco y seis veces, las solicitudes de importación”, sostuvo.
El funcionario cuestionó, por otra parte, la participación de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el actual sistema de abastecimiento y dijo que “ya no responde a la realidad”. A criterio de Gálvez, anteriormente los ingresos provenientes de la exportación de gas permitían cubrir parte de la diferencia entre los costos de importación y el precio subvencionado a la población.
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Sin embargo, en la actualidad, declaró que esos recursos son insuficientes para mantener el esquema aplicado desde hace más de dos décadas, pues la diferencia entre el costo internacional y el precio de mercado genera distorsiones y reventa.
“Yacimientos tiene que salir de la comercialización (…) tiene que pasar a manos de los privados”, consideró, aunque el funcionario reconoció que debe definirse la viabilidad de dicha participación cuando el precio final es inferior al de importación.
A una semana de la promulgación del decreto, al menos ocho sectores expresaron públicamente su rechazo. Entre ellos están organizaciones agropecuarias, transportistas, productores de arroz y caña de azúcar, además de campesinos de distintas regiones.
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En Beni, productores de la provincia Marbán activaron un punto de bloqueo entre la carretera que conecta Trinidad y Santa Cruz en demanda de la abrogación de la medida, mientras que en Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) realizará un congreso extraordinario donde definirá medidas en rechazo al incremento del precio del diésel a Bs 18 para los grandes consumidores.