El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, denunció que la hija del vocal de la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto, que resolverá el recurso constitucional sobre la censura legislativa contra el exministro de Economía, José Gabriel Espinoza, trabaja en el Banco Central de Bolivia (BCB), por lo que solicitó que la autoridad judicial sea apartada del proceso.
La anterior semana, Espinoza presentó un recurso de amparo constitucional para invalidar la resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que aprobó su censura tras no presentarse a la sesión de interpelación.
La sesión judicial será instalada este lunes y definirá un posible retorno del exministro al gabinete ministerial.
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A través de un video difundido en redes sociales, Lara sostuvo que el vocal que preside la Sala Constitucional Tercera de El Alto, a quien identificó como Grover Jhon Cori, tiene a un familiar – su hija – desempeñando funciones en el BCB, entidad dependiente del Ministerio de Economía, lo que generaría un conflicto de intereses en el proceso interpuesto por Espinoza.
“Este dato está en registros oficiales y es de conocimiento público”, afirmó.
Sumado a ello, el vicepresidente denunció que la defensa legal de la exautoridad estaría conformada por abogados de la cartera de Estado, pese a que ya no es parte de la institución y ahora “es un ciudadano más”.
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Enfatizó que la resolución de censura afecta únicamente a la autoridad en turno y no al ministerio, por lo que no corresponde que la sección jurídica de la entidad asesore a Espinoza en la controversia.
“Con qué autoridad el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas pone a los abogados, los recursos y toda la estructura de la institución para defender a una persona que ya no es ministro, que ya no pertenece al Ministerio de Economía. Están usando la plata de todos los bolivianos para blindar a una sola persona que ya no es ministro”, cuestionó.
Lara precisó que el exministro puede acceder a asesoría legal, “pero no tiene derecho a torcer la ley ni a la justicia”.
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En ese marco, el mandatario alertó que buscar salas constitucionales “amigas” y utilizar juristas de la cartera de Estado para causas personales constituyen indicios de tráfico de influencias que podrían derivar en una eventual impunidad.
“Por respeto a la Constitución, exijo que el vocal se aparte de inmediato de este proceso. Aquí ya no hay confianza posible, peor cuando existe un vínculo como este. Además, pido al Ministerio de Economía que nos aclare por qué están usando abogados del Estado para defender a un exministro”, demandó.
Tras la aprobación de censura en la sesión del Legislativo, el Gobierno observó irregularidades en el procedimiento, argumentando que la resolución no contó con el respaldo de dos tercios (2/3) del plenario, requisito constitucional para censurar a un ministro.
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Según la interpretación del órgano Ejecutivo, la censura requiere de 111 votos, es decir, de la mayoría absoluta de los legisladores, y no así de 91, que fue contabilizado de acuerdo al total de los parlamentarios que asistieron a la interpelación.
Tras conocer la decisión, Espinoza acudió a un tribunal constitucional de El Alto para consultar la legalidad de la censura.