La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco R.L.) de La Paz expresó su rechazo al Decreto Supremo (DS) 5676, que establece ajustes en el precio de venta de diésel para los grandes consumidores, y exigió una “reunión inmediata” con el órgano Ejecutivo para analizar los cotos de la importación.
El presidente de la organización, Wilson Alanoca, afirmó que la normativa podría paralizar las operaciones de varias cooperativas mineras y profundizaría la crisis derivada del periodo de bloqueo de carreteras registrado entre mayo y junio.
“Rechazamos este Decreto Supremo porque afecta a las cooperativas. Estamos exigiendo al Gobierno que, de manera inmediata, nos convoque a una reunión para abordar este tema porque nosotros tenemos que defender a nuestras afiliadas”, declaró en conferencia de prensa, al tiempo de cuestionar que la medida no fue consensuada con el sector.
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Bajo el Decreto Supremo 5676, el Gobierno estableció un precio inicial de Bs 18 por litro para el diésel destinado a grandes consumidores (Graco) y clientes de alto volumen. De acuerdo a la norma, el precio referencial abarca a los ‘Usuarios Directos’, que consumen de entre 120 a 5.000 litros por mes; ‘Clientes Directos’, de 5.000 a 19.999 litros, y usuarios Graco, de más de 20.000 litros mensuales.
El precio subvención a Bs 9,80 se mantendrá solo para transportistas, familias y particulares.
De acuerdo al dirigente, el consumo de diésel cerca de 35 cooperativas afiliadas a Ferreco recaen en la categoría ‘Graco’, otras 138 figuran como ‘Clientes Directos’ y más de 500 serían ‘Usuarios Directos’, por lo que expresó su preocupación por un aumento relevante de los costos de producción en medio de la reactivación del sector luego de más de 50 días de bloqueos.
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“Lamentablemente, los 50 días de bloqueo para el sector cooperativo has sido perjudicial. En ese sentido, varias cooperativas hemos reiniciado con nuestras labores de esta gestión en los meses de junio o julio, estamos en etapa de preparación y, para nosotros, este precio de Bs 18 afecta totalmente”, afirmó.
Si bien reconoció que el contrabando de diésel es una de las problemáticas que agudiza la crisis de combustibles en el país, Alanoca planteó alternativas a la medida como fortalecer los controles en zonas fronterizas.
También sostuvo que existen empresas privadas que aprovechan el desabastecimiento para obtener el diésel a precios subvencionado y luego elevar la tarifa de comercialización entre Bs 16,5 y Bs 17 el litro.
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“¿Tenemos que pagar el sueldo de las instituciones públicas? Exigimos realizar una mesa técnica y ver los costos de transporte, todos los costos que conlleva traer el diésel y comercializar. No podemos pagar las utilidades de ninguna empresa estatal”, aseveró.
En ese contexto, el dirigente anunció que ya enviaron las notas correspondientes al Ministerio de Hidrocarburos, YPFB, y otras entidades del órgano Ejecutivo para concretar una reunión a la brevedad posible.
Por su parte, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, aseguró que la medida era necesaria y que contribuirá a resolver la escasez del combustible y las largas filas de vehículos en los surtidores de diferentes regiones de Bolivia.
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Aclaró también que la medida no afectará a los conductores del transporte nacional, porque los tres sectores incluidos en el Decreto 5576 no cargan en los tanques habituales de sus motorizados.