La Cámara de Senadores aprobó el miércoles la creación de una Comisión Especial de Investigación que indagará las presuntas gestiones de influencias realizadas por el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el Gobierno de Luis Arce para favorecer al conglomerado peruano Grupo Gloria en una prolongada disputa judicial con la cementera Fancesa por competencia desleal.
De acuerdo a una nota de prensa de la entidad, la comisión estará integrada por seis representantes de las diferentes fuerzas políticas del Senado. “Contará con un plazo de hasta tres meses para desarrollar la investigación y presentar un informe final al pleno camaral”, indica.
El caso que está relacionado con una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España que vincula a Rodríguez Zapatero con supuestas gestiones desarrolladas ante el expresidente Arce Catacora y otras altas autoridades bolivianas en favor de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), filial del Grupo Gloria, dentro del litigio que enfrenta con la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).
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Según un informe policial, el exmandatario español habría recibido 200.000 euros por labores que los investigadores consideran una “dinámica de intermediación e influencias” destinada a beneficiar a esa compañía. La UDEF sostiene que el pago fue canalizado mediante la empresa Focus Social Research y que fue presentado formalmente como un contrato de consultoría.
Dentro del proceso judicial, Soboce fue condenada por la justicia boliviana a pagar una compensación de aproximadamente 744 millones de bolivianos por competencia desleal, aunque posteriormente esa determinación fue anulada de manera provisional y quedó pendiente de revisión constitucional.
Sin embargo, un reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró infundado el recurso de casación presentado por Soboce y dejó firme la sentencia que ordena el millonario pago a Fancesa. A través de un comunicado, la cementera paceña rechazó el fallo y anunció acciones legales.
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En tanto, Zapatero solicitó a la justicia de España excluir el informe sobre sus negocios en Bolivia, argumentando que la información que contiene no guarda relación con los cargos que enfrenta en el país ibérico y que afecta su derecho a la intimidad. Por su parte, Arce también negó las acusaciones y afirmó que su vínculo con el político español solo fue político.