El alcalde de El Alto, Eliser Roca, afirmó que la población busca retomar sus actividades habituales y retornar a la normalidad tras 48 días de conflictos sociales en el país. En ese marco, afirmó que los sectores movilizados –mayormente de las provincias de La Paz– “perdieron la batalla” actual, “pero no la guerra” en busca de sus reivindicaciones.
En declaraciones a los medios de prensa en plaza Murillo, el burgomaestre remarcó que el municipio registra pérdidas económicas de aproximadamente Bs 45 millones por día, a causa de los bloqueos y movilizaciones. Después de siete semanas de protestas, la cifra asciende a un monto superior a los 2.000 millones de bolivianos.
“En El Alto hay familias que viven al día, si hoy no salen a vender o a realizar su actividad económica. Por tanto, es importante volver a la normalidad; ya les dije a mis hermanos del área rural: En la vida se gana y se pierde, esta vez se ha perdido la batalla, pero no así la guerra”, afirmó.
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Roca también consideró que se debe replantear las medidas de presión para impulsar las demandas de las organizaciones sociales, con la finalidad de evitar perjuicios a la ciudadanía y a la economía.
Asimismo, instó a los sectores movilizados buscar mecanismos alternativos para hacer escuchar sus demandas sin perjudicar el normal desarrollo de las actividades. “La mayoría de la sociedad boliviana y alteña, quiere volver la normalidad”, dijo.
El Alto es una de las ciudades más afectadas por el bloqueo de carreteras, que cumple este miércoles 48 días consecutivos, situación que mantiene en una crítica condición de desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos.
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Las principales carreteras que atraviesan el municipio rumbo a Oruro, Desaguadero y Copacabana, permanecen tomadas por sectores sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y obstaculizar las rutas de abastecimiento. A consecuencia de ello, varias actividades económicas se redujeron al mínimo y las pérdidas económicas continúan.
Para este miércoles se prevé la instalación entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), cuya dirigencia presentó una conminatoria para «pacificar y recuperar el país de forma inmediata», junto con un pliego petitorio con ocho demandas que no incluye la dimisión del primer mandatario, aunque demanda un compromiso de no privatización de los recursos estratégicos del país, revisión previa de leyes y decretos, así como la prohibición de créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).