El diputado de Alianza Libre, Edgar Zegarra, anunció la presentación de una demanda penal contra el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, su directorio, los dirigentes de los Tupac Katari y otros ex dirigentes que impulsan los bloqueos. Según explicó, la acción judicial será por los presuntos delitos de atentado a la seguridad del transporte y atentado contra la salud pública. El proceso legal también buscará el resarcimiento económico para los sectores afectados, planteando que estos recursos provengan de los aportes de la Central Obrera Boliviana.
“Justamente hoy día he venido para anunciar públicamente, nosotros hemos sido enfáticos y claros que no íbamos a retroceder en seguirles un juicio a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, a los bloqueadores, para que se paguen daños y perjuicios por los que ha ocasionado al pueblo boliviano”, afirmó Zegarra. El legislador detalló que los daños incluyen más de 16 muertes registradas en los bloqueos, afectaciones económicas a comerciantes y empresarios, agresiones y el trato inhumano contra transportistas que siguen varados en carreteras.
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Para llevar adelante el proceso, Zegarra informó que contrató al estudio jurídico encabezado por el Dr. Willy Sánchez Peña. El diputado pidió que, como la COB tiene aportes y “hay muchos millones ahí”, esos fondos se eroguen a favor de las víctimas. “Esto no va a quedar en la impunidad ni tampoco vamos a retroceder nosotros en este tema”, aseguró.
El diputado convocó a los dirigentes a “dar la cara ante la justicia”. Denunció que los bloqueos dejaron personas en quiebra, familias que perdieron sus casas por deudas bancarias, y cierres de restaurantes y hoteles. Zegarra advirtió además que se viene “una crisis alimentaria muy fregada en el país, va a ser terrible esto”.
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El abogado Williams Sánchez explicó que la denuncia se sustenta en el artículo 213 del Código Penal por atentado contra la seguridad de los transportes, delito que prevé hasta seis años de pena. Agregó que también se imputará atentado contra la salud pública por la escasez de insumos médicos, con penas de hasta 10 años. Sánchez aclaró que el resarcimiento económico se solicitará una vez concluya el juicio, respetando la presunción de inocencia. “La denuncia va a ser presentada el día viernes ante la fiscalía”, concluyó.