Tras una sesión que se extendió por casi 14 horas, la Cámara de Diputados sancionó la madrugada de este domingo la Ley que regula los Estados de Excepción en Bolivia y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación. La norma llega cuando el país ingresa al día 38 de bloqueos y protestas, y tras una escalada de violencia en San Julián, Santa Cruz, donde al menos seis policías resultaron heridos.
La ley establece que el presidente podrá declarar Estado de excepción mediante decreto supremo cuando concurran causas como peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural. Una vez decretado, deberá pasar por el filtro de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su control y aprobación.
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Entre los puntos centrales, la norma contempla la intervención de las Fuerzas Armadas una vez que la Policía haya sido rebasada, debiendo ser convocadas por el presidente. Además, el Ministerio Público ejercerá sus funciones de manera ininterrumpida y asumirá la dirección de investigaciones ante la comisión de delitos de orden público, actuando junto a las fuerzas del orden.
Respecto al uso de la fuerza, la ley determina que durante operaciones conjuntas será “excepcional, diferenciado y estrictamente necesario para neutralizar riesgos graves e inminentes contra la vida y la seguridad de la población, la estabilidad institucional o infraestructuras estratégicas del Estado”. Parlamentarios aclararon que la aprobación no implica la vigencia automática del Estado de excepción.
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Con este escenario, la promulgación queda ahora en manos del presidente Rodrigo Paz. Desde el Legislativo señalaron que será el Ejecutivo quien defina, mediante decreto, si corresponde aplicar la medida y en qué regiones. Mientras tanto persisten los cortes de ruta que motivaron el tratamiento urgente de la norma en el Parlamento.