En medio de una creciente conflictividad social que ya cumple dos semanas, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, solicitó al presidente Rodrigo Paz activar un proceso de diálogo “amplio, sincero y directo” con los sectores sociales movilizados y advirtió sobre los riesgos de un supuesta “desconexión” entre el Gobierno y las bases sociales que respaldaron el proyecto político del oficialismo durante la campaña electoral.
Lara señaló que el órgano Ejecutivo no puede ignorar las demandas de las organizaciones sociales que mantienen manifestaciones y protestas en diferentes regiones del país, ni escuchar únicamente a determinados actores.
“Acudo a su conciencia democrática y a su responsabilidad como Presidente del Estado para solicitarle que se abra un espacio de diálogo amplio, sincero y directo con los sectores movilizados. El país necesita soluciones construidas sobre la base del respeto, la escucha y la unidad nacional”, indica la misiva difundida por la Vicepresidencia.
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Las protestas se intensificaron en los últimos días con la ampliación de los puntos de bloqueo que mantienen aisladas a las ciudades de La Paz y El Alto. A estas movilizaciones, sostenidas por la federación de campesinos ‘Tupac Katari’, se sumaron juntas vecinales, mientras que dirigentes de los mineros sindicalizados convocaron a reforzar las protestas y acatar el paro impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB).
Los principales reclamos de los movilizados son la anulación de la Ley 1720 de conversión voluntaria de tierras y una solución definitiva al conflicto por la calidad de la gasolina, sin embargo, recientemente surgió una nueva demanda: la renuncia del presidente Paz.
Desde el Gobierno sostienen que las protestas sociales esconden intereses políticos y son impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció intentos de desestabilización, mientras que el titular de la cartera de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, apuntó a un presunto financiamiento desde la región del Trópico, considerada el “bastión político” de la exautoridad.
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En su misiva, Lara consideró que atender las demandas de los sectores movilizados “no significa debilidad, sino comprender el mandato democrático que recibimos y actuar con responsabilidad frente al pueblo”. También criticó al Gobierno por realizar encuentros solo con organizaciones determinadas, a los que acusó de “despreciar” su candidatura en la temporada electoral.
“Parecería que hoy solo existen oídos para ellos, mientras que las voces del pueblo que nos llevó al Gobierno quedan relegadas”, cuestionó el mandatario, quien advirtió sobre la apertura de una brecha que «desconecta» a las autoridades nacionales con los sectores sociales movilizados.
Asimismo, Lara cuestionó que el Ejecutivo haya priorizado la posición de los empresarios por encima de las organizaciones sociales que, según recordó, fueron fundamentales para el triunfo electoral del oficialismo en 2025.
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“El poder no puede convertirse en distancia frente al pueblo, por el contrario, debe representar la capacidad de responder con responsabilidad, sensibilidad y compromiso ante las necesidades de la población. Negar el diálogo sería desconocer el origen mismo del mandato popular que nos condujo al Gobierno”, finalizó.
Finalmente, el mandatario reiteró su disposición para facilitar espacios de diálogo en medio del conflicto.
Mientras los sectores sociales endurecen sus protestas, sectores agroindustriales, cívicos y políticos del departamento de Santa Cruz expresaron su respaldo a la vigencia de la Ley 1720 y advirtieron con medidas de presión en su defensa. En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó la abrogación de la norma y se prevé que el Senado trate el tema este martes.