La Central Obrera Boliviana (COB), la dirigencia de los denominados ‘Ponchos Rojos’ de la provincia Omasuyos, en La Paz, y el senador disidente de Unidad, Nilton Condori, firmaron este lunes un pacto de unidad, en el que ratifican su rechazo a las medidas del Gobierno y advierten que no suscribirán ningún acuerdo mientras el presidente Rodrigo Paz permanezca en funciones.
La resolución consta de dos puntos: el primero instruye al secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, –principal promotor de las movilizaciones y bloqueos en el país– a no firmar convenios con el Gobierno de Paz y el segundo ratifica la unidad de los dirigentes y su compromiso de “estar al lado del pueblo hasta que renuncie el presidente”.
En una concentración realizada en la ciudad de El Alto, el dirigente del ente matriz lanzó duras críticas contra el paquete de leyes impulsadas por la administración nacional, entre ellas las relacionadas con Hidrocarburos y Minería, al calificarlas como “paquetazos”.
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Según Argollo, la prioridad de la COB ya no es el incremento salarial del 20%, sino la resistencia a las reformas y nuevas normas que, a su juicio, podrían favorecer la privatización de empresas estatales y servicios básicos.
“Aquí tiene que ser la lucha en unidad y el compromiso tiene que ser por nuestras bases y nosotros como COB, no los vamos a traicionar. Hasta la victoria”, aseveró.
Por su parte, el legislador Condori afirmó que el país está gobernador por “traidores” y sostuvo que corresponde a la población proponer cambios desde los sectores sociales. En ese sentido, afirmó que el Gobierno busca modificar la Constitución Política del Estado (CPE) para perpetuarse en el poder.
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“Hay que acabar con esos políticos que nos mienten, nos delinquen, además que nos roban. Y saben bien quienes nos roban: ladrones, pedófilos, perdedores”, sentenció.
Durante la jornada, diferentes sectores se movilizaron, especialmente en La Paz y El Alto, exigiendo la atención a demandas laborales, la abrogación de la Ley 1720, la anulación del 50-50, la reposición salarial, la distribución de combustible de buena calidad y la defensa de las empresas estratégicas frente a lo que consideran intentos de privatización.