Con el laudo arbitral que obliga a Bolivia a pagar una indemnización de 105 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ya consolidado, el Gobierno anunció que honrará el fallo judicial a través de mecanismos que no incidan en la economía nacional y activará una serie de auditorías para identificar a los responsables del proceso.
En una conferencia de prensa conjunta realizada este miércoles, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Horacio Valencia, confirmó que el Tribunal Supremo de los Países Bajos es la última instancia a la que el Estado boliviano podía recurrir para tratar de anular el laudo arbitral internacional y que el pago de la compensación es de cumplimiento obligatorio.
“El Estado va a tomar las medidas que tenga que tomar para realizar el pago, se van a tomar algunas medidas, pero no podemos adelantarlas”, manifestó.
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Indicó que los plazos para cumplir con la disposición judicial se encuentra enmarcada en el laudo arbitral y ahora se evalúan “los canales” para cumplir con la obligación.
En esa línea, el procurador general del Estado, Hugo León La Faye, explicó que el proceso internacional inició en 2017 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y en 2022 se emitió el laudo en cuestión. Bolivia intentó revertir el fallo en 2024 ante el tribunal de Países Bajos en 2024, pero en abril de este año se conoció la resolución de rechazo a la petición nacional y la consolidación del pago de indemnización.
Ante ello, afirmó que el Gobierno nacional “está evaluando y trabajando los canales para encontrar una solución que no implique un impacto sobre nuestra economía”.
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Aunque la nacionalización de la administración del fondo de pensiones implicó un cambio estructural, el conflicto no se centró en la decisión en sí, sino como se ejecutó la transición. El banco español BBVA argumentó que el proceso de transición estuvo marcado por retrasos prolongados, incertidumbre jurídica e incluso presuntos actos de hostigamiento que habrían generado perjuicios.
En ese entonces, el Gobierno boliviano condicionó la salida del país de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas al pago de contingencias y a una ola de fiscalizaciones.
El viceministro Valencia enfatizó que el arbitraje internacional es una “herencia de las malas decisiones” de administraciones pasadas durante el proceso de nacionalización de los fondos y, luego, de conducir erróneamente el proceso en estrados internacionales.
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A su turno, el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Roger Longaric, anunció un proceso de evaluación y auditoría a todos los arbitrajes pasados y actuales contra el Estado boliviano para establecer las estrategias elaboradas por las anteriores autoridades para encarar los procesos.
El objetivo, según dijo, es “sancionar a los culpables si es que adoptaron malas políticas de defensa del Estado”. “Una vez identificados los responsables tengan la certeza de que el Estado, a través del gobierno nacional, iniciará las acciones correspondientes para poder repetir y recuperar el daño económico causado al Estado”, aseveró.
Asimismo, el gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, aseguró que el fallo judicial “no afecta” a las pensiones de los jubilados ni los ahorros de los trabajadores.
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«Los recursos que son administrados por la Gestora son un patrimonio autónomo; son independientes, son privados y tienen un destino específico que es el pago de las pensiones; entonces, están protegidas”, indicó.
Pese a la falta de claridad sobre los métodos que serán aplicados para cumplir el laudo arbitral sin perjudicar las finanzas del país, las autoridades expresaron el compromiso del Gobierno de buscar alternativas para minimizar los impactos de la indemnización.
“El Estado, a través de las instituciones correspondientes, va a cumplir la obligación de la mejor forma posible cumpliendo con los estándares internacionales”, reiteró Longaric.