El Gobierno de Rodrigo Paz presentó la noche de este martes el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado para la gestión 2026, en el que proyecta un déficit fiscal del 9% del producto interno bruto (PIB) y una inflación del 14%.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que las cifras desplegadas responden a un “escenario realista”, elaborado en medio de la crisis económica que atraviesa el país y la persistente escasez de divisas que se arrastra desde inicios de 2023.
El presupuesto general fue inicialmente preparado durante la administración de Luis Arce, antes de finalizar su mandato en noviembre de 2025, pero fue revisado y ajustado por el actual Gobierno. El documento fue presentado públicamente y será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su respectivo tratamiento.
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Según explicó Espinoza, el déficit originalmente proyectado podría superar el 15 % del PIB si no se realizaban ajustes importantes. En ese sentido, destacó que la reducción en seis puntos porcentuales fue posible gracias a una serie de medidas, entre ellas la eliminación del subsidio a los combustibles, cuyo costo representaba aproximadamente el 5% del PIB.
A ello se suma un recorte del gasto público cercano a los 4.100 millones de bolivianos, equivalente a alrededor del 1% del PIB. Con estas modificaciones, el PGE 2026 reformulado alcanza un monto superior a los 390.000 millones de bolivianos
La autoridad también cuestionó la estructura del presupuesto heredado por la gestión del Arce y señaló que contenía ingresos sobrestimados, gastos subestimados y proyectos que calificó como “inversión fantasma”.
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“En términos globales, hemos encontrado un desfase de aproximadamente Bs 24.000 millones y más de 4.800 proyectos que no se iban a poder ejecutar”, afirmó la autoridad en la presentación en un hotel de la zona Sur de La Paz.
Estos elementos evidencian problemas estructurales en la planificación fiscal, agregó.
Respecto a las proyecciones macroeconómicas, Espinoza manifestó que la actual gestión prevé una inflación del 14% en 2026, cifra menor al 20% registrado en 2025, así como un crecimiento económico “algo menor al 1%”.
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Estas previsiones, según explicó, parten de un escenario conservador o adverso, con el objetivo de gestionar la economía con mayor cautela.
Sin embargo, las estimaciones oficiales contrastan con las de organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) anticiparon una contracción de la economía boliviana superior al 3% del PIB para la presente gestión, lo que refleja una visión más pesimista sobre el desempeño económico del país.
Pese a este contexto complejo, el Gobierno aseguró que se destinarán más de 1.000 millones de bolivianos (alrededor de 142,8 millones de dólares) para la creación de nuevos ítems en sectores clave como salud, educación y seguridad, buscando sostener servicios esenciales para la población.
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Además, junto con el PGE reformulado, el Ejecutivo enviará al órgano Legislativo otros proyectos normativos. Uno de ellos apunta a otorgar mayor flexibilidad a los gobiernos subnacionales en la ejecución de sus presupuestos, mientras que otro permitirá avanzar en el cierre y liquidación de empresas públicas que registren pérdidas sostenidas.
La presentación del PGE reformulado se produce en un contexto de dificultades económicas que fueron más evidentes desde 2023, cuando comenzó a sentirse con fuerza la falta de liquidez en dólares.
Este escenario coincidió con una caída significativa de las reservas internacionales netas (RIN), que descendieron hasta los 3.148 millones de dólares, muy por debajo del máximo histórico de 15.122 millones registrado en 2014.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 la economía boliviana ya mostró señales claras de debilitamiento, con una contracción acumulada del 1,58%, un panorama que refuerza los desafíos que enfrentará la gestión de Paz en 2026.