El empresario y líder de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, criticó el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado para 2026 y consideró que mantiene un déficit elevado y no ofrece soluciones reales a la crisis económica que atraviesa el país.
El documento fue presentado por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, la noche de este martes en la ciudad de La Paz y será enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El documento contempla un presupuesto cercano a los 390.000 millones de bolivianos, además de proyecciones oficiales de un déficit fiscal del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) y una inflación del 14%.
A través de redes sociales, Doria Medina expresó su descontento con la propuesta económica del Gobierno y señaló que el déficit planteado resulta preocupante, ya que iguala al registrado en 2023 y supera al de otros años recientes como 2021, 2022 y 2024.
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“El ministro de Economía finalmente presentó su presupuesto, pero decepcionó. Plantea un déficit fiscal del 9%, es decir, igual al de 2023 y superior al de 2021, 2022 y 2024; con esa cifra no puede haber acuerdo internacional para formar un fondo de estabilización”, afirmó.
“Nadie nos va dar dinero para que se siga yendo al hueco negro del déficit”, agregó en referencia a la complejidad de sostener negociaciones con organismos multilaterales debido a la falta de confianza en la sostenibilidad fiscal.
Cuestionó también la demora en la presentación del presupuesto y consideró la estrategia económica del Ejecutivo como “inmovilista”. Principalmente, observó que el cierre de empresa públicas deficitarias –una de las medidas anunciadas por el ministro Espinoza– recién será analizado en 90 días, lo que –a juicio de Doria Medina– refleja una falta de urgencia frente a la situación económica.
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“Se necesitó seis meses de rodeos y dilaciones para llegar a esto: una política inmovilista y un presupuesto que no resolverá la crisis. No podemos atascarnos en el mismo lugar en que estábamos”, sostuvo.
Finalmente, el empresario adelantó que impulsará propuestas alternativas desde el órgano Legislativo para encarar la crisis con mayor decisión.
Durante la presentación del PGE 2026 reformulado, Espinoza anunció un proceso de evaluación de todas las empresas públicas del Estado en un plazo de 90 días, determinar cuáles son deficitarias y definir si corresponde su continuidad o su cierre definitivo.
“Hemos iniciado un análisis detallado de qué y cuánto se ha invertido en cada una de ellas, pero también implica la necesidad de plantear qué se hará con las empresas públicas”, indicó.