La Fiscalía Departamental de La Paz inicia una investigación de oficio por la calidad de los combustibles distribuidos en el país, según confirmó el fiscal asignado al caso, David Torrez. El proceso busca establecer responsabilidades por las denuncias públicas sobre la comercialización de carburantes con presuntas irregularidades que habrían provocado daños en vehículos.
El Ministerio Público dispuso de manera inmediata el inicio de las investigaciones para determinar eventuales responsabilidades, tanto de personas naturales como jurídicas. Torrez indicó que en los próximos días se prevé citar a las principales autoridades del sector de hidrocarburos para que presten su declaración informativa ante los fiscales.
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Inicialmente, el caso fue abierto bajo la calificación de sabotaje, en el marco de los delitos contra la industria y el comercio. Sin embargo, el fiscal aclaró que la tipificación es provisional y podría modificarse conforme avancen las pesquisas. “La investigación no se limita a un solo parámetro”, sostuvo.
Para la indagación se conformó un equipo de fiscales e investigadores del Ministerio Público y de la Policía Boliviana. Estas investigaciones generan requerimientos al Ministerio de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para recabar información sobre los procesos de adquisición, transporte, importación, exportación y distribución de combustibles. Torrez señaló que, una vez se tengan elementos certeros, estos se harán conocer públicamente.
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La denuncia no establece un sujeto activo identificado, por lo que la investigación se dirige contra los autores que resulten responsables durante el proceso. El fiscal explicó que la investigación es de oficio porque la Fiscalía tomó conocimiento de irregularidades suscitadas en la importación de combustible.