El juez Juan Carlos Peinado decidió enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, tras encontrar indicios de presuntos delitos de corrupción vinculados al uso de influencias y manejo de recursos.
Gómez, que ingresó a La Moncloa en 2018 como esposa de Sánchez desde 2006, será juzgada con un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, según la decisión de Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, tras dejar la etapa procesal de la instrucción.
LEE TAMBIÉN: Trump lanza ataque contra el papa León XIV por sus críticas a la guerra en Irán y el Vaticano responde
Junto a Gómez, será enjuiciada por los mismos delitos Cristina Álvarez, su principal asesora, y también el empresario Juan Carlos Barrabés pero solamente por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El juez acordó el sobreseimiento al delito de intrusismo profesional, pero fijó un plazo de cinco días a las partes y pidió nuevas pruebas dentro de los lapsos procesales, poniendo así fin a un proceso de instrucción lleno de faltas de comparecencias e incidencias.
LEE TAMBIÉN: Confirman la muerte de los dos pilotos de la aeronave siniestrada en Cochabamba
La investigación contra Begoña Sánchez se inició en junio de 2025 cuando la fiscalía europea halló anomalías en los contratos del empresario Barrabés que habían sido firmados con la empresa pública Red.es y que contaban con el respaldo de la esposa del presidente de gobierno de España.
Es así como surge la acusación que sostiene que Gómez amplió velozmente desde su entrada en La Moncloa una red profesional y de influencias, particularmente desde que asumió la dirección del IE África Center y su papel en el Máster de Fundraising en la Universidad Complutense (UCM) siendo la primera dama española.
Mientras, Gómez contrató a su amiga Álvarez como asesora particular de La Moncloa, con un salario de más de 300,000 euros en 2018 y se implicó en proyectos vinculados a la Cátedra TSC, utilizando el correo institucional de la Moncloa para darle “apariencia institucional al proyecto y aumentar el peso de las peticiones”, según reportaron medios.
Pedro Sánchez, durante el proceso, defendió «el trabajo profesional y honesto» de su esposa y atribuyó la investigación sobre los hechos a una campaña de la «ultraderecha».