César Dockweiler, líder de Innovación Humana, denunció que la entrega de documentación de la gestión municipal saliente se intenta realizar en plazos «materialmente imposibles» y advirtió riesgos para la transparencia del proceso de transición. Según la autoridad electa, el proceso debía cumplirse hasta este 10 de abril en formato físico y digital; sin embargo, aseguró que el avance no alcanza el 2%.
“El alcalde pretende que, en una hora, a las siete de la noche, como si estuviéramos en un viernes de soltero, querer entregar la información con total irresponsabilidad y no es posible. Cuando vamos a buscar a su personal técnico, pues su personal técnico nos dice que no tiene instrucciones de entregar información, que está prohibido hacer inspecciones, que no se pueda ingresar a sus dependencias”, afirmó Dockweiler.
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Dockweiler indicó que la estructura municipal abarca hospitales, centros de salud, unidades educativas, secretarías, empresas y entidades descentralizadas, lo que imposibilita concentrar la entrega en un solo acto. En ese contexto, señaló que 51 delegaciones técnicas intentaron coordinar con 19 comisiones de la gestión saliente, pero reportaron restricciones de acceso, falta de instrucciones al personal y negativas para realizar inspecciones.
Además, advirtió inconsistencias en los datos financieros, como una deuda reportada menor a 50 millones de bolivianos, cuando una sola entidad superaría los 65 millones. Ante ello solicitará la intervención de la Contraloría y la Procuraduría, además de auditorías para resguardar la información. «Si cree (Arias) que uno es ladrón, como dice, todos los ladrones piensan que son de su condición, pues que lo demuestre. Nosotros en los próximos seis meses vamos a hacer las auditorías y sí vamos a demostrar que a esta ciudad le han robado», manifestó.
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Ante esta situación, se informó que se remitirán notas formales a la Contraloría General del Estado para solicitar la activación de una orden de arraigo contra Iván Arias, sus directores, funcionarios, secretarios y la directora jurídica, con el fin de garantizar su permanencia en el país durante el proceso de transición y auditoría.
