La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) determinó ingresar en un nuevo cuarto intermedio en la sesión de interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en medio de un ambiente tenso y marcado por desacuerdos por vicios de nulidad en el procedimiento.
La suspensión fue determinada por el presidente nato de la ALP, Edmand Lara, luego de una controversia sobre si correspondía proceder con la votación o considerar el informe presentado por el Ejecutivo.
El documento, elaborado por el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santa María, indica que antes de una interpelación debe existir una solicitud de informe escrito y, posteriormente, uno de manera oral.
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Esta interpretación fue rechazada por el senador José Manuel Ormachea, quien aseguró que no está contemplada en los reglamentos legislativos y defendió que se trata de procedimientos distintos.
La controversia aumentó cuando Lara propuso someter el informe a votación, mientras que el presidente de Diputados, Roberto Julio Castro, sostuvo que solo debía ponerse en consideración.
Entre gritos y reclamos en el pleno del Legislativo, el vicepresidente advirtió que, ante la falta de condiciones, se declararía un cuarto intermedio, lo que finalmente ocurrió.
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“Declaramos cuarto intermedio hasta mañana a las 09:00”, afirmó Lara, en medio de cuestionamientos de los legisladores.
Durante la sesión, la senadora Paola López indicó que el proceso tenía vicios de nulidad y propuso convocar a una nueva interpelación, que fue aprobada por mayoría simple. En esa línea, Lara indicó que correspondía cerrar el tratamiento actual y convocar a una nueva sesión.
La sesión, que duró más de nueve horas, estuvo atravesada por cruces de palabras y cuestionamientos, incluida la ausencia del ministro Medinaceli, lo que generó críticas de varios legisladores.
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En medio de la jornada, la senadora Tomasa Yarhui intentó impulsar una votación de censura contra la autoridad, pero no prosperó por falta de consenso.
El proceso corresponde a la sexta sesión de la ALP, que inició el 27 de febrero, en medio de incidentes y discrepancias en el pleno, y sufrió una nueva postergación sin una resolución sobre la interpelación.
Medinaceli enfrenta cuestionamientos por la importación de combustibles con presunto sobreprecio y por la distribución de gasolina contaminada.