La Dirección de Régimen Penitenciario respondió a las acusaciones del expresidente del Estado, Luis Arce, sobre presuntas vulneraciones a sus derechos humanos y condiciones inadecuadas para cumplir su detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.
Sin embargo, a través de un comunicado, la institución anunció que realizará una verificación de las denuncias planteadas por la exautoridad.
“Se desmiente de manera categórica las afirmaciones referidas a la existencia de actos de ‘tortura psicológica’ al interior del Recinto Penitenciario de San Pedro. No obstante, en apego a los principios de transparencia, se ha dispuesto la verificación correspondiente a fin de establecer los hechos denunciados, señala una parte del comunicado difundido en las últimas horas.
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Este lunes, Arce Catacora publicó una extensa carta en la que denunció la violación sistemática de sus derechos desde que fue aprehendido el pasado 10 de diciembre de 2025 y recluido en la cárcel de La Paz con detención preventiva por el lapso de cinco meses.
Denunció, por ejemplo, que fue detenido sin una orden judicial y que solicitó exámenes médicos fuera del penal, los cuales le fueron negados. Además, menciona que desde su ingresó al recinto penitenciario lo despiertan a cada rato dentro de su celda para tomarle fotos; lo graban en el patio de la cárcel y le negaron todos los recursos que presentó su defensa judicial.
“Desde el momento de su ingreso al recinto penitenciario, el señor Arce, cuenta con un espacio que garantiza plenamente su seguridad personal, así como condiciones adecuadas de detención, en estricto cumplimiento de la normativa vigente”, respondió Régimen Penitenciario.
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Respecto a las fotografías y grabaciones que menciona Arce, la entidad estatal informó que este tipo de prácticas se encuentran bajo investigación. “Sin embargo, ya se tienen identificadas a las personas que habrían realizado el registro audiovisual y autorizado el ingreso de cámaras”, agrega el documento.
Régimen Penitenciario adelantó que aplicarán las respectiva sanciones administrativas contra los responsables.