El Gobierno chileno estipula culminar en dos años la instalación del escudo físico fronterizo en la zona norte del país, en las fronteras con Perú y Bolivia, y el primer tramo abarca cerca de 100 kilómetros, reveló este sábado el comisionado presidencial del proyecto, el almirante (R) de la Armada, Alberto Soto.
El exmilitar informó el plan denominado Escudo Fronterizo es multidimensional y además de zanjas, que comenzaron a construirse el pasado lunes, abarca otras tres áreas: la dimensión legal, una barrera tecnológica y la gestión, explicó en una entrevista al diario local La Tercera.
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“Nosotros pensamos que el escudo físico antimovilidad de la frontera norte debería estar terminado en aproximadamente dos años como tope”, aseguró Soto, quien fue comisionado por el presidente de Chile, José Antonio Kast, desde el pasado 11 de marzo, y cuyo cargo, dijo, es temporal por dos años.
El exnúmero tres de la Armada dirige la operación en lo que denominan la Macrozona Norte del país austral, y reveló que las barreras físicas abarcarán 400 kilómetros, que representan las zonas limítrofes más vulnerables.
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Sobre el trayecto que han comenzado a cavar, el almirante informó que han avanzado entre 50 y 100 kilómetros diarios y que serán “en un primer momento como 100 kilómetros de obstáculos contra movilidad”.
“En Tarapacá tenemos que hacer aproximadamente 30 kilómetros. En Antofagasta otros 30 más”, ejemplificó.
Soto comentó que esas zonas vulnerables son las que serán intervenidas “con herramientas anti movilidad, pero no continuamente”, y añadió que además de las zanjas se utilizarán otros métodos “probablemente combinado con muros, concertinas o erizos suecos”.
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“Tenemos 1.100 kilómetros de frontera y no las llenaremos de zanjas, eso es imposible. Las zonas vulnerables son las zonas del altiplano y ahí no tienes cómo parar que alguien pase, no hay rejas, nada, hay solo una línea imaginaria”, explicó.
Marco legal
Soto abordó el plan detallando sus aspectos y aseguró que “estamos creando un sistema fronterizo para la siguiente crisis migratoria”, para lo cual la dimensión legal del plan estipula “transformar el ingreso irregular en un delito”.
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La idea, según mencionó, es emplear distintas medidas legales y reglamentarias que frenen el incentivo de los migrantes irregulares a entrar a Chile, y considera que el mensaje político de Kast sobre el tema tiene un efecto simbólico.
“El mensaje es uno: el inmigrante irregular no es bienvenido”, afirmó.
Entre los recursos están retirar beneficios sociales para los migrantes irregulares: “si das educación y salud gratis y das prioridad para construcción de casas y subsidios a todos, se van a saltar la zanja”, dijo.
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El ministro de la Presidencia de Chile, José García Ruminot, no obstante, declaró el martes pasado que la salud y la educación “son muy centrales y que no los vamos a tocar”.
Al respecto de la barrera tecnológica, Soto mencionó que la inversión para proteger la frontera inició en la administración del expresidente Gabriel Boric, en lo que denominan Sistema Integrado de Frontera (Sifron) y que ha tenido un gasto de 13,8 millones de dólares.
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“La idea es reemplazar el ojo humano y la capacidad de atención humana por una barrera tecnológica, y ahí hay proyectos como muralla digital y Sifron”, detalló y agregó que el flujo de recursos se extenderá en los próximos cuatro años.
La idea del Gobierno chileno es que todo el plan “funcione de manera orgánica” y que “las primeras cosas van a estar terminadas antes” del plazo estipulado, según indicó Soto.
“Si al año no tengo buena parte de lo que es la construcción de zanjas terminada, sectores con muros terminados y otro tipo de barreras, entonces vamos lento”, cerró.
// EFE