En el marco del proceso de restructuración de la estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que la cifra de funcionarios desvinculados llegó a 410 y anunció la anulación de designaciones consideradas “irregulares” de personas cercanas al Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Este proceso busca no solo racionalizar la estructura de la empresa, sino también corregir irregularidades heredadas y garantizar una gestión basada en criterios técnicos y éticos. Además de procesar a todos los responsables de cualquier daño a la empresa”, afirmó el presidente de la petrolera estatal, Yussef Akly Flores, citado en un boletín oficial.
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El reporte institucional señala que los más de 400 servidores públicos enfrentar procesos por presuntamente afectar las operaciones de YPFB, algunos con medidas cautelares ya en curso. La estatal no precisa que tipo de acciones impuso la autoridad jurisdiccional.
YPFB denunció, además, que un informe de la Gerencia de Talento Humano Corporativo develó que la anterior administración designó de forma irregular a funcionarios “cercanos” al MAS en el Comité de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, con el presunto fin de “protegerlos y generar inestabilidad interna”.
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Ante ello, la actual administración inició procedimientos legales para dejar sin efecto esas designaciones.
También detectó movimientos entre cargos jerárquicos a posiciones de menor responsabilidad para “encubrirse dentro de la estructura”, así como indicios de nepotismo tras el ingreso laboral de familiares a la empresa estatal.
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“Actualmente se revisa la documentación de varios funcionarios para verificar el cumplimiento de los perfiles profesionales requeridos. La nueva administración enfatizó que la ética, la honestidad y el respeto a la función pública son principios fundamentales de su gestión”, se indica en la nota de prensa.
La gerencia de YPFB intenta contener el reciente conflicto por la calidad de la gasolina distribuida que generó fallas y daños a decenas de vehículos. El Gobierno atribuyó estos problemas a un presunto sabotaje gestionado por estructuras heredadas de la anterior gestión que buscarían desestabilizar la administración actual y afectar su capacidad operativa.