A través de un pronunciamiento público, la Asociación Cristiana Evangélica (ACE) de Santa Cruz afirmó que no encubrirá ningún hecho de abuso o delito cometido por ministros religiosos y pidió a la justicia actuar con firmeza y respeto a las víctimas.
El pronunciamiento surge en referencia al caso del pastor, de nacionalidad peruana, investigado por estupro y luego que el Ministerio Público anunció el inicio de un segundo proceso penal contra el religioso por presuntamente sostener una relación sentimental con su prima hermana, cuando esta era menor de edad.
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La organización cristiana, en el documento, condena “todo mal proceder de iglesias y/o pastores que van en contra de las leyes divinas y humanas” y remarcó que el abuso de autoridad en entornos religiosos no solo afecta a las víctimas, sino también a toda la iglesia evangélica.
Aclaró también que hasta el momento no recibió ninguna denuncia formal contra afiliados suyos vinculado al caso, por lo que -según sus estatutos- no pueden intervenir en base a contenidos difundidos o publicaciones en redes sociales.
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No obstante, la ACE reveló que intentó mediar como instancia conciliadora en un caso puntual, pero fue excluida por los propios involucrados, quienes argumentaron que no pertenecen a la institución ni estar bajo su tuición.
En ese marco, demandó a los administradores de justicia aplicar las leyes y garantizar la protección de las personas afectadas.
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Asimismo y ante las reiteradas denuncias públicas contra ministros independientes, la asociación evangélica anunció que perfila la creación de un Comité Nacional de Ética Ministerial, la cual permita asumir acciones ministeriales y, en caso de ser necesario, legales frente a futuras denuncias.
Según el pronunciamiento, este comité buscará enfrentar la proliferación de iglesias y líderes ministeriales que no rinden cuentas a ninguna instancia y que, amparados en esa condición, actúan al margen de la ley.
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“El ladrón, el abusador, el violador, el estafador y cualquier persona que incurra en un delito debe ser sancionada como lo dictan las leyes”, dice el documento.
La ACE remarcó que, si un caso se encuentra en manos del sistema judicial, aguardará una resolución oficial antes de intervenir, al precisar que ellos asumen un rol espiritual y el trabajo investigativo y sancionador le corresponde al Estado.