La Central Obrera Boliviana (COB) advirtió que las medidas de presión impulsadas por el sector del transporte podrían extenderse a todo el país si el Gobierno no atiende de manera inmediata las demandas por los daños ocasionados a miles de vehículos, presuntamente por la comercialización de gasolina de mala calidad por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), declaró el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, en declaraciones a medios de comunicación.
“El conflicto está en manos del Órgano Ejecutivo y, cuando no se escucha al pueblo movilizado, las medidas siempre tienden a radicalizarse”, afirmó Argollo, al exigir una respuesta directa del presidente del Estado, Rodrigo Paz, a quien reprochó la falta de una posición firme frente a un problema que, dijo, afecta de manera directa al transporte y a los sectores productivos.
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El dirigente sindical también calificó de “ridículo” que el Gobierno intente atribuir responsabilidades a la anterior administración de Luis Arce por la crisis en la calidad del combustible, y sostuvo que es el actual Ejecutivo el que debe asumir responsabilidades y resarcir los perjuicios económicos provocados por la denominada “mala gasolina”.
Desde YPFB, su presidente Yussef Akly reconoció que el problema se originó por la mezcla del combustible con residuos de goma y manganeso en algunas plantas, y confirmó que cerca de 2.000 vehículos habrían resultado afectados, principalmente en Trinidad, Santa Cruz y Oruro, un escenario que mantiene en alerta a los sectores movilizados y eleva la tensión social.