La nueva contralora interina del Estado, Sandra Quiroga, respaldó el proyecto de ley que plantea extender de tres a seis meses el arraigo obligatorio para exautoridades del nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas que cumplieron su mandato recientemente.
“La Contraloría está trabajando fuertemente, vamos a tener resultados, la ampliación del plazo no ayuda bastante como institución para emitir el respectivo pronunciamiento que dé tranquilidad sobre el adecuado uso de recursos públicos”, declaró la autoridad en conferencia de prensa.
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La Cámara de Diputados aprobó el jueves, en sus estaciones en grande y en detalle, el proyecto de ley que extiende el plazo de permanencia obligatoria en el país para exautoridades. La norma, respaldada por más de dos tercios del pleno, fue derivada a la Cámara de Senadores para su revisión constitucional.
Durante el debate, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, advirtió sobre la premura de los plazos para la ejecución de la norma sobre las autoridades salientes.
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En ese marco, explicó que, bajo la actual Ley 1352, el periodo de arraigo de 90 días vence el sábado 14 de febrero, por lo que solicitó dar celeridad a la aprobación, promulgación y publicación oficial de la propuesta.
Quiroga coincidió con el parlamentario y señaló que la nueva gestión de la CGE requiere analizar a detalles documentos, informes y evidencias sobre el uso de recursos públicos del Estado para identificar o descartar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
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La eventual “ampliación del plazo no implica la presunción de culpabilidad, por el contrario, es una medida preventiva de carácter administrativo, orientada a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de control gubernamental”, manifestó.
Asimismo, la contralora interina afirmó que la actual administración trabajará “sin ningún interés o en contra de alguna persona”, ya que la prioridad será garantizar una gestión optima y señaló que los procesos iniciados no deben entenderse como persecución. “Respetamos siempre las garantías de todas las personas, sus derechos, nuestro fin es lograr entidades mejoradas con controles efectivos”, remarcó.
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El proceso de fiscalización, explicó, alcanzará a las rendiciones de cuentas e informes elaborados por las exautoridades y verificar la transparencia de las gestiones anteriores y el manejo adecuado de recursos del Estado.
Finalmente, la flamante autoridad expresó su disposición de desarrollar una gestión abierta y transparente.