La Central Obrera Boliviana (COB) rechazo la eventual aprobación de una norma antibloqueos y cuestionó los “decretazos” del Gobierno nacional, particularmente la disposición que permite al presidente del Estado, Rodrigo Paz, gobernar a distancia. En ese sentido, advirtió con retomar manifestaciones frente a lo que consideran como una serie de vulneraciones de la Constitución Política del Estado (CPE).
La advertencia de la máxima dirigencia sindical surge a menos de una semana del fin del conflicto por el ahora abrogado Decreto Supremo 5503, tras una serie de protestas callejeras y bloqueo de caminos.
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“Lastimosamente creemos que a este paso vamos a tener que retomar las medidas de hecho porque siempre hemos mencionado que esta dirigencia no va a ser servil a ningún Gobierno y va a proteger de las grandes mayorías que se están viendo desprotegidas”, aseveró el secretario ejecutivo del ente obrero, Mario Argollo, en conferencia de prensa realizada este viernes.
A criterio del dirigente, el Gobierno está normalizando actitudes “autoritarias y dictatoriales” al emitir decretos como “casino”, que autorizan mecanismos de gobernanza al margen de la CPE y sin la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), además de restringir las atribuciones de la Vicepresidencia.
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Las principales observaciones de Argollo están dirigidas a al Decreto Supremo 5515, el cual autoriza al jefe de Estado ejercer funciones desde el exterior del país mediante dispositivos tecnológicos.
“La Constitución está siendo pisoteada, las autoridades legislativas y la Vicepresidencia que están quedando prácticamente insulsa e inoportuna porque ya no sirven para nada. Entonces cerremos el Parlamento, cerremos la Vicepresidencia; ahorremos ese dinero; y que el presidente empiece a gobernar desde otro país y de manera digital”, reprochó.
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En ese sentido, Argollo demandó al órgano Legislativo y al vicepresidente Edmand Lara pronunciarse al respecto.
Asimismo, el dirigente de la COB rechazó una posible ley antibloqueo, al señalar que es la herramienta de última instancia para las reivindicaciones populares.
Recordó que en el conflicto por el Decreto 5503, los sectores sociales protagonizaron marchas en la Sede de Gobierno y dos semanas después recién convocaron a bloquear las carreteras del país.
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“Es la última instancia que tenemos. Nadie sale como loco y le gusta ir a bloquear un camino, pero cuando los gobernantes de turno hacen oídos sordos al pedido de las bases, lastimosamente es la última instancia que históricamente se ha tenido”, afirmó.
Días atrás, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció que el Gobierno central respaldará un proyecto de ley destinado a sancionar penalmente los bloqueos, en respuesta a lo que denominó una “cultura del bloqueo” que generó un enorme daño económico al país.
Según la autoridad, el 80% de la población rechaza “la cultura del bloqueo, la violencia y la intransigencia”, y sostuvo que el diálogo es el único camino para alcanzar soluciones.

