Luego de que el Ministerio de Economía anunciara la disposición “de carácter temporal” acerca de una restricción presupuestaria del 20% para los municipios, que se traduce en la paralización de la ejecución de la inversión pública, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia se declaró en estado de emergencia.
«La medida impuesta genera incalculables perjuicios en la dinámica económica, social y productiva de los municipios del país, para la inversión pública local, debilita la generación de empleo, afecta a proveedores, microempresas y actores económicos locales» indica el comunicado emitido desde la Federación.
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Asimismo, según el documento emitido desde dicha instancia, la restricción implementada por el Gobierno, en fecha 5 de enero, “limita” la ejecución presupuestaria municipal, afecta la prestación de servicios básicos y la inversión pública, entre otras consecuencias.
En este sentido, la Fam calificó a esta decisión del Gobierno de «sorpresiva, injustificada y sin sustento técnico ni legal», donde señalan que, ante la petición de respuestas por el Ministerio de Economía, este respondió que la medida correspondía a un proceso de reformulación del Presupuesto General del Estado (PGE).
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La medida, según denuncia la Fam, afecta directamente aspectos de vital importancia para los municipios, como ser los servicios de salud, la ejecución de obras y la educación.
Sin embargo, desde la cartera de Economía se anunció que la medida responde a la “necesidad de implementar medidas que cumplan con los gastos prioritarios del sector público, fijando un límite de gastos del 20 %, precautelando la continuidad operativa”.
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