La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz admitió una acción popular contra el Decreto Supremo 5503, promulgado por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, en diciembre de 2025. La audiencia está programada para la tarde de este 9 de enero.
El recurso constitucional fue interpuesto el 24 de diciembre por el abogado Wilmer Vásquez contra Paz Pereira, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la Contraloría General del Estado (CGE), la Defensoría del Pueblo y otras instancias del Estado.
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“Se admite la presente acción popular”, resalta el documento que ya circula en redes sociales y que señala que la audiencia se realizará de manera virtual, debido a la necesidad de coordinar con las comisiones asentadas en las ciudades de Sucre y La Paz.
El decreto articula un paquete excepcional de ajustes para estabilizar la macroeconomía y asegurar el abastecimiento de combustibles. Entre las medidas más visibles están la eliminación de la subvención a los hidrocarburos que resultó en un incremento de los precios del diésel y la gasolina; además de un mecanismo ‘fast track’ para acelerar inversiones y flexibilizaciones impositivas aduaneras destinadas a atraer capital y favorecer la importación de bienes productivos.
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La norma también incluye beneficios económicos como el incremento del 20% en el salario mínimo nacional y el aumento de bonos sociales para estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
Para la Central Obrera Boliviana (COB), el paquete de medidas es “inconstitucional” porque diseña un mecanismo de aprobación de contratos sobre recursos naturales que omite algunas disposiciones constitucionales y evade la aprobación de la Asamblea Legislativa.
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Por ello, el ente matriz de los trabajadores convocó a una serie de movilizaciones para exigir la abrogación del decreto que terminaron en enfrentamientos con la Policía, en la ciudad de La Paz, y reuniones con el Gobierno que no alcanzaron acuerdos.
La COB encabeza las manifestaciones, con respaldo de mineros asalariados, trabajadores fabriles, campesinos y maestros del área urbana y rural.
El Gobierno de Paz expresó, en diferentes ocasiones, que está abierta al diálogo y convocó a una nueva reunión este miércoles en la que se instalarán mesas técnicas para discutir el alcance de la norma. Sin embargo, tanto el presidente como sus ministros descartaron la abrogación del decreto.