El Magisterio Urbano de La Paz advirtió con no iniciar labores educativas correspondientes a la gestión 2026 si el Gobierno no abroga el Decreto Supremo (DS) 5503, según afirmó el dirigente José Luis Álvarez.
“Los maestros no vamos a iniciar clases si es que no se resuelve este problema del Decreto 5503”, afirmó el representante durante una marcha del sector este lunes en la ciudad de La Paz.
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La Central Obrera Boliviana (COB), La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), maestros urbanos, fabriles y otros sectores afiliados ingresaron a su segunda semana de protestas en la Sede de Gobierno, exigiendo la normativa que establece una serie de reformas económicas, entre ellas el fin de la subvención de los combustibles.
Dicha medida generó el encarecimiento del diésel y la gasolina y, en consecuencia, el incremento de precios y servicios a nivel nacional.
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El dirigente del Magisterio Urbano ratificó su respaldo a las medidas de presión en demanda de la abrogación del decreto, al que calificó como “privatizador”. “Estamos luchando por el porvenir de todos los bolivianos, no solo es el problema del gasolinazo”, afirmó.
“Porque Bolivia está supuestamente en emergencia económica, ese decreto se está imponiendo por encima de todas las leyes. Por esa razón, debemos frenar esta política de entregar nuestros recursos y la respuesta debe ser con bloqueo de caminos y radicalizar la movilización callejera en las ciudades”, manifestó.
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Álvarez aseguró que el conflicto por el decreto supremo podría afectar el calendario estudiantil del próximo año y una de sus consecuencias directas sería la postergación del inicio de la gestión escolar.
El domingo, la ministra de Educación, Beatriz García, anunció que las labores educativas arrancarán el 2 de enero de 2026, por lo que se trabaja en una normativa que defina el calendario escolar.
Además, la autoridad adelantó posibles modificaciones al currículo estudiantil.
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Los sectores alineados a la COB se mantienen firmes en su demanda de abrogación del decreto, al que califican de inconstitucional. En tanto, el órgano Ejecutivo asegura que la norma es parte de un nuevo modelo económico y que está abierto a dialogar con todas las organizaciones sociales, aunque la derogación del documento no está en debate.