Luego de conocer que la Fiscalía pidió tres meses de detención preventiva para el expresidente Luis Arce en el Centro de Reinserción Social para Jóvenes Qalahuma de La Paz por el caso Fondo Indígena, el abogado denunciante, Eduardo León, solicitará extender el tiempo de reclusión y su respectivo cumplimiento en el penal de San Pedro.
El jurista cuestionó la petición de la Fiscalía y recordó que el Centro de Rehabilitación Qalahuma, ubicado en el municipio de Viacha, es un centro penitenciario diseñado para menores de edad en proceso de reinserción.
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“Vamos a solicitar de que se deje de lado el requerimiento fiscal y se pueda disponer la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro del señor Luis Arce”, declaró León a la red Unitel.
El jurista agregó que enviar al exmandatario a Qalahuma sería “favorecerlo descaradamente”.
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La Fiscalía emitió el pasado jueves la resolución de imputación formal contra Arce Catacora por presunto manejo irregular de un fondo para proyectos en el área rural cuando fue ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales, y pidió tres meses de detención preventiva en un reformatorio para menores de edad.
El documento también establece que existen “riesgos procesales y peligro de fuga” del exmandatario, por lo que solicita la reclusión de la exautoridad.
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León calificó como una “burla” la petición del Ministerio Público, al recordar que el Código de Procedimiento Penal no permite que personas con detención preventiva sean remitidos a recintos que no sean penitenciarios.
Aseveró que la intención de encarcelar a Arce en un reformatorio “raya en lo ridículo” y que el Ministerio Público debe explicar al país el fundamento de su pedido.
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Arce fue aprehendido la tarde del miércoles en La Paz y luego trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), investigado como “principal responsable” del “millonario daño económico” ocasionado por el presunto desfalco al Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc). En 2015, el Fondioc fue sustituido por el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI).
La exministra de la Presidencia, Marianela Prada, negó que el expresidente tenga alguna responsabilidad en el presunto desvió de recursos del fondo y aseguró que no existe una norma que prohíba las transferencias de recursos públicos a cuentas personales.
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Al respecto, León recordó que el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2010 a 2015 –periodo en la que estalló el caso de corrupción en la institución– la Ley de Sistemas de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), la Ley 004 y el reglamento del FDI prohíben ese tipo de transferencias.
Añadió que este tipo de prácticas constituye un delito por uso irregular de fondos estatales.
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El jurista señaló que existe un “elemento de conexión” que involucra directamente a Arce: el testimonio 01/2010, documento que demuestra que el otrora ministro de Economía autorizó el traslado de recursos estatales a cuentas particulares. Aseguró que esas operaciones ocurrieron entre 2013 y 2015 y que el daño económico, según dijo, supera los Bs 4.000 millones.
Asimismo, recordó que en los casos activados contra la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la justicia aplicó medidas más duras, ya que ambos fueron enviados a cárceles de máxima seguridad.
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León cuestionó los riesgos procesales planteados por la Fiscalía. Sostuvo que son “frágiles” y no reflejan la gravedad del caso por la cual Arce es investigado.
La imputación de la Fiscalía también dispuso la toma de declaraciones de varios dirigentes de organizaciones sociales, exministros y altos funcionarios de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), algunos de los cuales ya fueron investigados por otras denuncias de presunta corrupción en el fondo indígena.