La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que autoriza el crédito de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) por 15.000 millones de yenes, es decir 95,9 millones de dólares, después de más de seis horas de intenso debate.
El préstamo, que inicialmente estaba previsto para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19), será destinado a reponer los gastos realizado por el Estado en 2021 y 2022.
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El proyecto fue aprobado en sus estaciones grande y detalle. Durante la sesión varios legisladores, principalmente de la alianza Libre y Unidad, demandaron más información sobre el destino de los recursos.
Luego de la aprobación, la diputada Daniela Cabrera, presidenta en ejercicio de la Cámara Baja, informó que el documento será remitido a la Cámara de Senadores para su consideración y tratamiento respectivo.
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El préstamo estuvo pendiente de aprobación desde la anterior legislatura y fue rechazado en dos oportunidades. En julio, el embajador de Japón, Hiroshi Onomura, advirtió que, si el préstamo era rechazado nuevamente, se dificultaría gestionar nuevos créditos con el país asiático.
El préstamo internacional, el primero en ser aprobado por la Asamblea Legislatura durante el Gobierno de Rodrigo Paz, estuvo cerca de ser aplazado por observaciones en la explicación del ministro de Planificación, Fernando Romero, sobre el destino de los recursos.
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Según la autoridad, el crédito de casi 100 millones de dólares será utilizado para “la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos pagos de salarios, y bienes orientados al tema de salud”.
“Estamos en un momento complejo donde se necesita las respuestas y dar confianza a los financiadores externos a los proveedores internos, a los ejecutores, hay deudas que se vienen acumulando de muchos años”, advirtió.
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Romero dijo que todos los desembolsos están registrados en el Sistema de Gestión Pública (Sigep) para su control y fiscalización, pero para dar mayor certidumbre planteó elevar informes semestrales sobre la ejecución de recursos.
No obstante, legisladores de la bancada Libre cuestionaron al Gobierno por no presentar un informe detallado sobre el destino de los recursos.
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Un momento que llamó la atención durante la sesión fue la intervención de la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y esposa del vicepresidente Edmand Lara, Diana Romero, quien rechazó el préstamo. “Dado que el ministro y el viceministro no supieron dar una explicación clara, concisa y concreta sobre el destino de estos créditos, y porque no quiero ser parte de la corrupción, mi voto es en rechazo», señaló.
Aunque también desde el oficialismo hubo argumentos a favor de la aprobación del préstamo. El diputado del PDC, Rubén Calisaya, subrayó que el convenio de préstamo establece que “se puede revisar el progreso de ejecución hasta cinco años después de su terminación”.
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Durante la sesión del jueves también debía debatirse el Contrato de Préstamo con el BID por un monto de hasta 30 millones de dólares y el contrato de préstamo “Liquidez en apoyo a la gestión económica” con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), por $us 550 millones, sin embargo, se determinó postergar su tratamiento. Al igual que el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026.