El Gobierno confirmó este lunes el cierre del Ministerio de Justicia y reorganizó las funciones de sus viceministerios dependientes: ahora esas entidades estarán bajo tuición del Ministerio de la Presidencia, excepto Defensa del Consumidor, que será absorbido por la cartera de Desarrollo Productivo.
En conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que dos viceministerios de la cartera que dirige se harán cargo de las atribuciones del extinto Ministerio de Justicia. La primera será la de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos; y la segunda es la de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización.
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“Se está absorbiendo todo lo que va a ser los cinco viceministerios que se tenían en dos viceministerios que estarán en el Ministerio de la Presidencia”, indicó en conferencia de prensa.
En el caso de la oficina de Defensa del Consumidor, la autoridad indicó que ahora dependerá del Ministerio de Desarrollo Productivo, al considerar que es donde “le corresponde y donde tiene las áreas para coordinar con otras entidades de ese ministerio”.
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Lupo puntualizó que estos cambios están detallados en un decreto supremo que fue aprobado esta jornada en reunión de gabinete que lleva como título: “Rumbo a la reforma de la administración de justicia”.
Al ser consultado sobre otras unidades de la cartera de Justicia, manifestó que existen leyes que restringen su reubicación, pero que de manera transitoria se trasladarán al Ministerio de la Presidencia.
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Durante la conferencia, el ministro expuso un cuadro comparativo del “antes y ahora” del ministerio de Justicia y sostuvo que en el pasado, la entidad gubernamental fue usada como “instrumento de represión, persecución judicial y de sometimiento al poder político”, marcado por corrupción y vínculos entre autoridades del Ejecutivos y operadores de justicia
En el presente, según dijo, se plantea una justicia al servicio de la población, enfocada en combatir la corrupción con transparencia e independencia del órgano Judicial y del Ministerio Público, además de generar garantías en materia de derechos humanos.
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“Lo que queremos es seguridad jurídica para el ciudadano, eso es lo que estamos recuperando a partir de esta decisión. Garantizaremos el principio de separación de funciones e independencia de los órganos del Estado, y eso engancha directamente con la gran reforma y la gran aspiración que tenemos los bolivianos de la reforma a la justicia”, afirmó.
Lupo adelantó que en los próximos días se conocerá a los viceministros de las nuevas reparticiones creadas y que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, tendrá un delegado que acompañará el proceso de reforma judicial bajo el precepto de “independencias de poder”.
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Enfatizó que, con la clausura del ministerio, no se elimina la administración estatal de la justicia, al contrario, “la estamos devolviendo a su verdadera esencia, que la independencia y la imparcialidad”.
Por otra parte, al ser consultado sobre el ahorro generado por el cierre de la entidad y sus viceministerios, la autoridad se limitó a decir que “es un proceso que recién está comenzando”.