A días del fin de su mandato, el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, promulgó la ley de protección integral y reparación para hijas e hijos huérfanos víctimas de feminicidio y otros delitos contra la vida, que establece una asistencia económica, atención psicológica, apoyo integral y acceso prioritario a salud y educación.
“Este acto es un compromiso ineludible con la vida y el futuro de nuestras niñas y niños que han sufrido la pérdida más dolorosa”, expresó la primera autoridad del país en redes sociales.
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La iniciativa, impulsada por colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil, fue aprobada y sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la anterior semana.
La Defensoría del Pueblo acompañó todo el proceso legislativo y festejó la sanción de la norma, al considerar que su vigencia beneficiará en gran medida a los menores de edad que pierden a sus madres a temprana edad.
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La nueva ley dispone la creación de un bono económico mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional vigente, además de atención integral en el Sistema Único de Salud (SUS), asesoría legal gratuita, apoyo psicológico especializado y prioridad en programas de vivienda social.
También garantiza la permanencia de los afectados en el sistema educativo y otorga prioridad en los programas de vivienda social para los tutores o familiares a cargos de los menores de edad.
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El beneficio alcanzará a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, extendiéndose hasta los 25 años en caso de que cursen estudios superiores.