El Ministerio Público inició una investigación por el delito de avasallamiento contra los responsables de la toma violenta a la propiedad denominada ‘Patujú’, situada en el municipio de Montero, en Santa Cruz. Una operativo de la Policía logró despejar el predio y la aprehensión de siete personas.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que en la zona del conflicto se desplegó a más de 500 efectivos del orden y unidades del Servicio Aéreo Policial, en coordinación de la Fiscalía, para liberar los predios avasallados desde el 27 de septiembre.
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De acuerdo al reporte policial, un grupo de al menos 300 personas, varios de ellos encapuchados y armados con palos y petardos, desalojaron por la fuerza al propietario de la propiedad y a sus trabajadores, quienes fueron retenidos contra su voluntad y agredidos físicamente.
Ríos indicó que el operativo permitió desalojar a la turba, que momentos antes amenazó a una comitiva encabezada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien llegó a la zona en conflicto para intentar persuadir a los movilizados y exigir garantías para el propietario y los trabajadores, y la acción inmediata del Gobierno, pero luego de momentos de tensión entre ambos bandos, también fue retenido.
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No obstante, posteriormente se conoció que la autoridad permaneció en el lugar de manera voluntaria.
“Tras un operativo efectuado de forma oportuna y eficaz por la Policía Boliviana (…) se ha logrado liberar a las personas retenidas y restaurar el orden en el predio Patujú del municipio de Montero”, declaró el ministro, en rueda de prensa, la noche del viernes.
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De acuerdo con la autoridad, siete personas fueron aprehendidas y se secuestró dos motocicletas, sin embargo, varios de los encapuchados armados huyeron hacia el monte al percatarse que, junto a las fuerzas del orden, llegó un grupo de comunarios autoconvocados para apoyar en el desalojo.
Ríos adelantó que la Policía continuará con los patrullajes para dar con todos los autores materiales del avasallamiento. Hasta el momento, se identificaron a 10 de los cabecillas del grupo.
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Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó el inicio de un proceso penal por avasallamiento y manifestó que no se descarta ampliar las investigaciones por los delitos de lesiones graves, asociación delictuosa y privación de libertad.
Detalló que en el predio, utilizado para la producción de caña de azúcar, se encontraron listas de aportes, carpas, machetes, petardos y otros objetos contundentes que serán considerados como elementos probatorios en la investigación.
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“Al momento de la intervención policial no se encontró ningún arma de fuego, ni a las personas aprehendidas se les ha sorprendido portando armas de fuego, (pero) sí algunos elementos como petardos, en importante cantidad, y machetes”, precisó la autoridad gubernamental.
Zeballos añadió que los enfrentamientos registrados en el lugar dejaron cinco heridos, entre ellos, Pablo Vaca Díez, dueño de la propiedad.
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En ese marco, Ríos aprovechó la conferencia de prensa para cuestionar el proceder del gobernador Camacho al acudir al lugar y poner en riesgo en riesgo su integridad y de la comitiva que lo acompañaba.
“Debemos hacer mención que la irresponsabilidad de algunos actores políticos que de manera temeraria no solo poniendo en riesgo su vida, sino también de personas que los acompañaban, han decidido Ingresar a los previos antes de que llegue el contingente policial”, lamentó.
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Este nuevo avasallamiento en tierras productivas en el departamento de Santa Cruz provocó una ola de pronunciamientos de asociaciones de cañeros y ganaderos, que declararon estado de emergencia y exigieron al Gobierno seguridad jurídica, dar con los cabecillas de los avasalladores y establecer una sanción ejemplar.