La Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA) solicitó formalmente a través de una misiva al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que deje sin efecto las sanciones económicas impuestas a varias emisoras del país que están afiliadas a esta institución. Consideran que dichas multas pecuniarias son «inconsistentes, desproporcionadas» y éstas serían causantes de un colapso económico a una gran cantidad de radios.
Esta solicitud surge tras que muchas de las radios afiliadas fueron notificadas por presuntas infracciones al Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral para las Elecciones Nacionales 2025. Las sanciones incluyen, entre otras, la omisión de la frase “espacio solicitado” y la supuesta transgresión de tiempos máximos de difusión de propaganda electoral.
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Según el documento, las multas impuestas pueden llegar hasta los 250 salarios mínimos nacionales, lo que equivale a más de Bs687.000, montos que en algunos casos superan el valor comercial de las propias emisoras. “Se trata de sanciones sin ninguna proporción ni racionalidad, aplicadas de forma uniforme a radios pequeñas y grandes, sin considerar las circunstancias particulares de cada caso”, advierte ASBORA.
Así también ASBORA argumentó en el documento que el procedimiento sancionatorio carece de un marco legal claro y de las garantías mínimas exigidas por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad internacional.
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“Analizando legalmente el proceso sancionatorio, que no lo encontramos ni en la Ley del Organo Electoral, Ley del Régimen Electoral y mucho menos en el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral para las Elecciones Generales 2025; podemos advertir que su entidad no cuenta con una norma sancionatoria donde respeta los derechos y garantías constitucionales y este vacío normativo genera indefensión e inseguridad jurídica”, dice una parte de esta carta que fue enviada al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.
La asociación señala que el reglamento utilizado por el TSE para aplicar sanciones no fue socializado adecuadamente con los medios registrados, carece de fases procesales claras y no permite una defensa efectiva, aplica sanciones sin considerar principios como legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad y debido proceso.
Además, alertó que el reglamento niega el derecho a la impugnación, al establecer que las resoluciones son inapelables, y que permite una acumulación de multas por hechos similares, contraviniendo el principio de “ne bis in ídem”.
En el contexto económico, ASBORA advierte que la radiodifusión boliviana atraviesa una profunda crisis desde hace años, con ingresos publicitarios menguantes y emisoras que apenas logran cubrir sus gastos operativos, lo que las sanciones impuestas podrían provocar el cierre definitivo de varias radios, con el consecuente despido de trabajadores y debilitamiento del sistema informativo nacional.
“La radiodifusión sobrevive más por la vocación de sus propietarios que por la rentabilidad del negocio. Aplicar multas de medio millón de bolivianos a emisoras que ganan solo unos pocos miles en propaganda electoral no solo es injusto, es destructivo”, enfatiza la misiva.