La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada ampliamente por el oficialismo, aprobó este jueves una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida y amplía el mandato presidencial de cinco a seis años. La medida abre el camino para que el presidente Nayib Bukele, en el poder desde 2019, pueda postularse sin límites, consolidando aún más su control sobre el Estado.
La reforma fue aprobada con 57 votos a favor y tres en contra en un trámite expedito, en una Asamblea de 60 diputados donde el partido Nuevas Ideas, afín a Bukele, domina casi por completo. “Gracias por hacer historia, colegas diputados”, celebró el presidente del Congreso, Ernesto Castro.
Además de habilitar la reelección sin restricciones, la reforma sincroniza las elecciones presidenciales, legislativas y municipales; elimina la segunda vuelta electoral y reduce dos años al actual mandato presidencial, que ahora concluirá en 2027.
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La diputada oficialista Ana Figueroa, promotora de la reforma, defendió la medida: “Esto es bastante simple, pueblo salvadoreño. Solamente ustedes van a poder decidir hasta cuándo apoyan a su presidente”. La reforma podría ser ratificada por los mismos legisladores en una nueva sesión esta misma noche.
Sin embargo, la oposición denunció el avance del autoritarismo. “Este día ha muerto la democracia en El Salvador. Se quitaron las máscaras”, denunció en el pleno la diputada opositora Marcela Villatoro, quien calificó la reforma como un acto de cinismo.
Grupos de derechos humanos también expresaron su alarma. “Las reformas llevan a un desequilibrio total en la democracia que ya no existe”, advirtió Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos. Por su parte, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch, señaló que El Salvador recorre “el mismo camino que Venezuela”. “Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”, alertó en la red social X.
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El respaldo a Bukele sigue siendo alto, en parte por su campaña de seguridad que ha reducido los homicidios a niveles históricos mediante un régimen de excepción vigente desde 2022. No obstante, ese régimen ha sido severamente criticado por permitir detenciones masivas sin orden judicial. Según organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico, unas 87,000 personas han sido arrestadas, muchas de forma arbitraria, y al menos 430 han muerto bajo custodia.
La constitucionalidad de la reelección presidencial ya había sido cuestionada en 2024, cuando Bukele fue reelegido pese a que la Constitución lo prohibía, gracias a una resolución de jueces designados por el oficialismo. En abril de 2024, el Congreso aprobó otra reforma que elimina la necesidad de ratificar los cambios constitucionales en una legislatura distinta, facilitando aún más este tipo de modificaciones.
“Esto es un abuso de poder y es una caricaturización de la democracia”, concluyó la diputada opositora Claudia Ortiz. En contraste, la oficialista Suecy Callejas afirmó que “en ningún momento se busca que se quede un solo presidente y nunca más hayan elecciones”.