Una nueva incursión violenta en la hacienda Santa Rita, al norte del departamento de Santa Cruz, ha reavivado fuertes denuncias contra el Gobierno. La diputada opositora María René Álvarez (Creemos) y el analista político Carlos Valverde coincidieron en señalar una presunta complicidad estatal con grupos irregulares vinculados al oficialismo que estarían detrás de la toma violenta de tierras productivas.
“Hay un movimiento, yo diría guerrillero o cuasi guerrillero en el Movimiento al Socialismo, con la finalidad de copar territorialmente el lugar para tener predominancia electoral después”, denunció Álvarez. La legisladora apuntó directamente al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), al que acusó de titular tierras a personas afines al Movimiento al Socialismo (MAS) bajo el argumento de saneamiento.
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“El Gobierno pide la aprobación de un crédito en el Legislativo para titular y sanear tierras, pero lo hace específicamente para eso: para legalizarle y titularles las tierras a estos grupos de criminales”, sostuvo la diputada.
Según la denuncia, un grupo armado y encapuchado ingresó recientemente en motocicletas al predio Santa Rita, hiriendo a un trabajador. La familia propietaria del lugar asegura que este tipo de ataques y hostigamientos son constantes desde hace más de un año.
Álvarez también responsabilizó al exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por supuestas acciones orientadas a beneficiar a los avasalladores. “Revirtió los títulos a los propietarios para entregárselos a ellos y evidentemente beneficiarlos mediante este mecanismo”, afirmó.
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En la misma línea, Carlos Valverde advirtió que, estos hechos no son aislados: “Del Castillo está abrazándose con una persona sindicada de liderar a los ‘toma tierra’”, señaló, refiriéndose al dirigente intercultural Esteban Alavi, actual candidato a primer senador por Santa Cruz del MAS.
Mientras crecen las tensiones en la región productiva del norte cruceño, las denuncias sobre una supuesta red de protección estatal a avasalladores ponen en entredicho el papel de las instituciones agrarias y de seguridad del país.