La tensión comercial entre Brasil y Estados Unidos aumentó tras el anuncio de un arancel del 50% a las importaciones brasileñas por parte de Donald Trump.
La Confederación Nacional de la Industria de Brasil (CNI) expresó su “preocupación” por la medida, instando a ambos gobiernos a “intensificar las negociaciones” para evitar su entrada en vigor el 1 de agosto. Washington es el tercer mayor socio comercial de Brasil, y el principal destino de sus exportaciones industriales.
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Desde el gobierno brasileño, el vicepresidente Geraldo Alckmin afirmó que “no ve ninguna razón” para la decisión estadounidense, mientras que diputados oficialistas atribuyeron la medida a motivaciones políticas ligadas al expresidente Jair Bolsonaro.
En respuesta directa, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió el accionar del Poder Judicial y rechazó cualquier intento de presión extranjera. “Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptarán ser controladas por nadie”, declaró desde el Palacio de Planalto.
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“El proceso judicial contra Jair Bolsonaro y el resto de acusados […] es de exclusiva responsabilidad de la Justicia brasileña y no está sujeto a ningún tipo de interferencia o amenaza que viole la independencia de los poderes”, agregó Lula, aludiendo a los cargos que enfrenta el exmandatario por su intento de revertir las elecciones de 2022.
El gobierno brasileño advirtió que cualquier medida unilateral será respondida bajo la Ley de Reciprocidad Económica, mientras continúan los contactos técnicos entre ambos países en busca de una solución diplomática.

