Dos subalcaldes son procesados por un presunto incumplimiento de deberes, que pudo haber desencadenado el desastre en la zona de Bajo Llojeta del municipio de La Paz, donde una mazamorra afectó a alrededor de 40 viviendas y causó la muerte de una niña de 5 años en noviembre.
“Se ha llevado un proceso investigativo integral, a partir de la dirección funcional del Ministerio Público se ha determinado la aprehensión de dos personas (subalcaldes) que estarían involucradas (…), se les ha imputado el delito de incumplimiento de deberes y otros estragos, lamentablemente en su momento habrían tenido conocimiento sobre los movimientos de tierras”, informó el director departamental de la Fuerza Anticrimen, Gabriel Neme.
La noche del 23 de noviembre pasado, una mazamorra semi sepultó a alrededor de 40 viviendas de Bajo Llojeta, además de vehículos y segó la vida de una niña de 5 años.
La Alcaldía de La Paz responsabilizó a la empresa Kantutani, por los trabajos de movimiento de tierra en cercanías del cementerio Los Andes del municipio de Achocalla; sin embargo, desde la empresa argumentaron que el municipio paceño que hizo la limpieza del embovedado del río Pasajahuira.
Los nuevos procesados son los subalcaldes de Cotahuma, Gonzalo Alberto Gonzales, y del distrito 6 de Achocalla, Juan Carlos Aguilar. Ambas autoridades fueron aprehendidas en las últimas horas; sin embargo, Gonzales logró defenderse en libertad luego de pasar más de 24 horas aprehendido.
Según el Ministerio Público, se han advertido “presuntas acciones omisivas y negligentes en sus funciones de fiscalización y prevención, que, en cierta forma, son causa de los hechos ocurridos el sábado 23 de noviembre de 2024”.
En este caso también son procesados: el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, quien guarda detención preventiva en la cárcel de Patacamaya. Además del alcalde de La Paz, Iván Arias, quien también se defiende en libertad.
En tanto, el propietario de la Inmobiliaria Kantutani, Luis Iturralde, que se encuentra en Perú con medidas sustitutivas hasta que se haga su extradición y responda ante la justicia boliviana.