El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Carlos Alberto Calderón, presentó su renuncia irrevocable. Argumentó que la decisión fue tomada tras la tergiversación de diversos actores a la prórroga de mandato.
«Estoy seguro de que la DCP 044/2023 (que dispone la prórroga), es la medida idónea para superar el desfase constitucional planteado por la no realización del proceso de preselección de candidatos a magistrados para el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, pues determina que sea ejercido por aquellas personas que están habilitadas por la Constitución para su ejercicio”, se lee en su renuncia.
En la misiva explica que dicha determinación legal “no asigna, quita o limita ninguna competencia ni atribución constitucional de ningún órgano del Estado, y más bien persigue el funcionamiento orgánico sentado en el art. 12 de la CPE».
Sin embargo, lamentó que dicha decisión judicial constitucional fuera mal entendida, tergiversada y respondida de manera reactiva por diversos actores de la sociedad boliviana, situación que genera incertidumbre en la población litigante.
Asimismo, manifestó que dicha crítica injusta le haya causado “absoluta incomodidad y malestar” como autoridad miembro del Tribunal Constitucional y por ello se hizo “inviable” su continuidad en el cargo.
“Como abogado y constitucionalista, espero que nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus órganos, encuentre una salida que permita, en tiempo razonable, avanzar en el proceso de preselección y posterior elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia”, añadió Calderón.
En diciembre de 2023, la Sala Plena del TCP descartó la posibilidad de que a partir del 2 de enero se puedan suspender los plazos procesales de todos los expedientes; por ello, resolvió que las actuales autoridades judiciales permanezcan en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales.
La Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco de sus atribuciones, es la que debe convocar a la preselección de candidatos y candidatas para el Órgano Judicial y para el Tribunal Constitucional.
