La Paz, 15 de diciembre (Radio Splendid).- En la XXII Cumbre de la ALBA-TCP, el presidente Luis Arce alertó que la democracia boliviana “continúa en riesgo” por el accionar de grupos que generan violencia, odio y confrontación como una nueva forma de golpe de Estado con el objetivo de acortar el mandato constitucional.
Arce hizo alusión a los conflictos que enfrenta su Gobierno de manera constante, como el paro de 36 días convocado por el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo, que estuvo caracterizado, precisamente, por la violencia, el racismo, la discriminación y la quema y saqueo de sedes sociales.
“La democracia boliviana, que recuperamos gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo en 2020, continúa en riesgo, pues hay grupos que no respetan el voto del pueblo y que pretenden acortar mi mandato. De manera permanente buscan lograr con violencia, odios, confrontación entre hermanos y nuevas formas de golpes de Estado, lo que no consiguen en las urnas”, denunció.
La XXII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América —Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) reunió a las representaciones oficiales de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, y Santa Lucía.
Camacho, excívico que estuvo al frente de las violentas protestas de 2019 que acabaron en un golpe de Estado y la dimisión del expresidente Evo Morales, no solo alienta las protestas, sin que ahora también puso en la agenda de los grupos radicales analizar la relación de Santa Cruz con el Estado.
El paro de 36 días acabó con cuatro muertos, cientos de heridos, una violación grupal en un punto de bloqueo cívico, violencia y la quema y saqueo de sede sociales. Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, fueron denunciados por la violación de los derechos humanos durante la extrema medida de presión.
Para Arce, en países con gobiernos progresistas se “esgrimen todo tipo de artimañas, bien para desconocer el mandato de las urnas o para socavar gobiernos de corte popular”, aunque consideró lo que “más nos alarma es el uso vil y despiadado de los poderes del Estado con fines políticos”.
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