La Paz, 29 sep (Radio Splendid).- El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aclaró este miércoles que el Proyecto de Ley “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”, no afecta al sector gremial, choferes del transporte libre y sindical, comerciantes de carne, periodistas y otros sectores de la actividad económica.
“La propuesta de este Proyecto de Ley no afectará a gremiales, ni a periodistas porque lo que pretende esta norma es compilar de forma coherente y ordenada lo que ya está dispuso en varias leyes (…). Los gremiales no tienen que tener ningún temor porque en ninguna parte de la normativa se estipula que a alguien, de la noche a la mañana, se le ocurra entrar a una cuenta bancaria de un comerciante”, enfatizó la autoridad económica.
Para iniciar una investigación debe haber previamente un movimiento económico sospechoso y sin ninguna justificación, “La UIF no se va a poner a investigar todos los días las cuentas, eso es imposible”.
El Ministro explicó que las personas que intentan legitimar sus ganancias ilícitas, de la noche a la mañana aparecen como dueños de grandes hoteles, con inversiones gigantescas, que no tienen cómo justificar ese incremento sustancial de capital económico, en esos casos recién se realizan las investigaciones de rigor.
“Las entidades bancarias cuando ven una operación sospechosa reportan a la UIF, cuando se verifica un movimiento económico inusual se hacen las investigaciones con base al proceso de rigor y se realiza un proceso judicial, no es que la UIF decide quién es culpable”, aclaró Montenegro.
Algunos partidos de oposición como Comunidad Ciudadana y Creemos malinterpretaron el Proyecto de Ley mencionado sin ningún fundamento técnico, lo cual generó confusión en diversos sectores económicos y organizaciones sociales.
“La oposición, los diputados de Comunidad Ciudadana y Creemos están aduciendo a falsas interpretaciones de lo que es la Ley”, lamentó Montenegro.
El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa afirmó que el proyecto de Ley es inconstitucional, busca dotar al MAS de otro instrumento de persecución y chantaje, y amenaza los derechos de gremiales, periodistas, transportistas, comerciantes, iglesias, ONGs, y otros.