La Paz, 3 dic (Radio Splendid).- La Ley Integral contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, (Ley 243) muestra su capacidad para proteger efectivamente a las mujeres, en contra del acoso político hacia mujeres electas y designadas, así como también garantiza el ejercicio de sus derechos como funcionarias públicas y promueve estrategias para su cumplimiento.
En ese marco, la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (Acobol) realiza un trabajo de protección a las autoridades de los casos de violencia que sufren las concejalas en los 339 municipios de la nación, además de llevar adelante todos los procesos en su contra.
Si bien los casos de acoso y violencia política siguen en aumento es porque estas autoridades tienen la función de “fiscalizar” el trabajo del “ejecutivo municipal”, es decir, las obras, las contrataciones, los poas zonales, ente otros factores, por lo que, la tarea de las concejalas se sustenta también en el relacionamiento y en la participación de la ciudadanía de las diferentes urbanizaciones, escuchando sus necesidades, demandas y expectativas, y generando diferentes instrumentos de su atribución para atender las inquietudes de la ciudadanía.
“Es porque las concejalas en general tienen una función importante de fiscalizar las acciones que realizan el ejecutivo y los técnicos del municipio, has casos terribles de acoso, el ejecutivo no les paga los salarios, hay compañeras que hace nueve meses que no reciben sus salarios”, detalló Bernarda Sarué, directora Ejecutiva de Acobol.
Según el informe presentado por la Acobol, el departamento de La Paz cuenta con 72 casos de acoso y violencia política, Santa Cruz con 29, Cochabamba con 12 casos, Potosí 12, Chuquisaca registró 11 hechos, Oruro con 9 casos, Beni con 6 y Pando 1 solo caso.
La concejala Juana Quispe del municipio de Ancoraimes, murió asfixiada un 12 de marzo de 2012. Su cuerpo con signos de violencia fue encontrado a orillas del río Orkojahuira de urbe paceña. El entonces alcalde Félix Huanca (MAS) y los concejales Pastor Cutili, Basilia Ramos y Exalta Arismendi, quienes por 20 meses encabezaron una persecución en su contra, fueron los principales imputados. Pasados seis años de su muerte están en libertad.
“Doña Juana ha sido asesinada, se sabe más o menos quienes son los asesino, es tan terrible la justicia y la impunidad y hasta el día de hoy no comienza el juicio contra los posibles asesinos”, manifestó Sarué.
Esta institución tiene como labor asesorar a las concejalas en sus procesos por acoso y violencia política y a la fecha cuentan con un 40% de los procesos; sin embargo, las máximas autoridades ediles de las alcaldías del país a manera de revancha, las presionan para renunciar “les ponen ladrillos en las puertas para que no salgan de sus oficinas, las quieren obligar a que firmen su renuncia y eso se da en todo el país”, finalizó la directora Ejecutiva de la Acobol.