La Paz, 20 mayo (Radio Splendid).- Tras anunciarse una investigación sobre el proceso de compra de los 170 respiradores que se adquirieron con un presunto sobreprecio, el Gobierno determinó congelar el pago del restante 50% que se debe por dichos insumos.
«Hemos solicitado al Ministerio de Finanzas, al ministro Parada, que se paralice cualquier tipo de pago sobre esto. En otras palabras, que el otro 50% no se pague», afirmó el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, en entrevista con Red Uno. «Vamos a establecer dentro del proceso una conciliación de cuentas con la empresa. (…) Si es necesario, vamos a ir a un proceso, pero no vamos a pagar el otro 50%», subrayó.
Coimbra informó que ya se solicitó el secuestro de la documentación y el precinto de las instalaciones, y que se solicitará que presten declaración todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso, incluídas las cuatro personas ya detenidas y el ministro de Salud, Marcelo Navajas..
La autoridad además denunció que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) tardó cuatro días en hacer entrega de la documentación correspondiente al Viceministerio de Transparencia, un retraso que el Ministro considera llamativo.
«Nosotros, como Ministerio de Justicia, ya el 15 de mayo solicitamos el proceso de contratación a la Aisem y a su gerente, Geovanni Pacheco, y hasta el día de ayer no se nos había entregado. (…) Cosa que nos llama la atención. ¿Por qué se oculta la documentación a una entidad como el Viceministerio de Transparencia que tiene toda la tuición para solicitar este tipo de documentación?», cuestionó.
Respecto al papel de Fernando Valenzuela, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, a quien se ligó con la exministra Gabriela Montaño (MAS), Coimbra sostuvo que «no le correspondía» ser parte del proceso de contratación y que se duda sobre sus motivaciones para hacerlo.
«Llama poderosamente la atención que una persona ligada de manera íntima a la exministra Montaño primero haya permanecido dentro del Ministerio de Salud, y segundo que, siendo asesor jurídico del Ministerio de Salud y siendo la Aisem una institución descentralizada del ministerio, haya participado en ese proceso de contratación. Él no tenía por qué participar», apuntó Coimbra.
«Al ser una institución descentralizada, la Aisem tiene su propio ejecutivo y su propia asesoría legal y sus propias unidades técnicas. Llama la atención la motivación que tiene el señor Valenzuela de ser parte del proceso de contratación y estar constantemente verificando que este proceso se lleve a adelante y se concrete. (…) No le correspondía».