Managua, 2 feb (El País).- Un ataque armado contra una comunidad indígena del norte de Nicaragua dejó al menos cuatro muertos. Los indígenas de etnia mayangna, un pueblo originario que representa menos del 1% de la población del país centroamericano, denunciaron a un grupo de colonos armados por intentar desplazarlos de sus tierras en la reserva natural de Bosawás. «Este ataque es una muestra más de la continua indolencia estatal sufrida por las comunidades de pueblos indígenas nicaragüenses frente a los intentos de ocupación ilegal de sus territorios», afirmó Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, que se ha sumado al reclamo de otras organizaciones regionales que exigen que se esclarezca la matanza. La Policía nicaragüense ha reconocido hasta este viernes solo el deceso de dos personas y ha anunciado el inicio de las investigaciones, sin revelar más detalles.
La agresión se produjo en la tarde del miércoles, cuando un numeroso grupo de hombres armados abrió fuego contra los pobladores e incendió 16 viviendas de la comunidad Alal, en el territorio Mayangna Sauni As, según el relato de líderes comunitarios. Mujeres, niños y ancianos tuvieron que abandonar la comunidad, mientras que los hombres se quedaron para defender la aldea, se lee en un comunicado que relata dos ataques. El primero, a orillas del río Casca y el segundo en el asentamiento de los pobladores. Entre las personas desaparecidas estaban miembros del Gobierno comunal, jueces y guardabosques. «Es lamentable, mataron a nuestros hermanos con machetes, cuchillos y balas; muchos se quedaron sin vivienda y recursos económicos», relata vía telefónica Byron Bucardo Miguel, líder comunitario, quien asegura que ya fueron hallados ilesos los desaparecidos.
Agentes policiales, militares y autoridades indígenas llegaron el jueves para realizar las primeras pesquisas. La Policía Nacional no da cuenta de la quema de las viviendas ni ha dado detalles sobre el ataque ni información sobre los responsables, se lee en una escueta nota de prensa. «Este patrón de ataques viene repitiéndose en Nicaragua hace años», alertó el jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las autoridades comunitarias dan cuenta de cuatro fallecidos, aunque otras versiones indican que hay seis fallecidos. Tras la denuncia, la CIDH exigió al Gobierno de Daniel Ortega que garantice el derecho de los pueblos indígenas a la vida, la integridad y el territorio. «La comunidad ha sido destruida, las casas incendiadas, en una vorágine de violencia, temor y terror, que ha causado que familias enteras se refugien en las montañas», ha lamentado la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
La reserva de Bosawás, en la frontera con Honduras, se extiende por alrededor de 20.000 kilómetros cuadrados de selva tropical y forma uno de los pulmones vegetales más importantes de Latinoamérica. Desde 2000, las actividades agrícolas y ganaderas se han duplicado al pasar del 15,1% al 30,7% del territorio, de acuerdo con un informe del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. La prensa nicaragüense ha denunciado por años una «invasión» de colonos ganaderos y el despojo contra los pobladores originarios a través de amenazas y compras fraudulentas de tierras. «Son grupos que están entrando a la fuerza en territorio indígena para sacar provecho de la tierra y de la fauna», afirma Bucardo y agrega que el asedio se ha intensificado el último año, con al menos cuatro ataques similares en comunidades aledañas.
«Se cree que los asesinatos están ligados a los prolongados esfuerzos de las comunidades mayangna de proteger la reserva contra actividades de tala y ranchería que dañan el medio ambiente», señaló Global Witness. La organización ha alertado de que no hay región en la que sea más letal defender el medioambiente que América Latina, con cinco países entre los diez más peligrosos y más de la mitad de los homicidios contra activistas medioambientales en el mundo, según su último informe.
La impunidad en Nicaragua hace factible matanzas como la de Bosawás. «Solo son posibles por la permisibilidad del Estado nicaragüense evidenciando una clara complicidad de la Policía Nacional y el Ejército, sea por acción o por omisión», denuncia el colectivo Nicaragua Nunca+, citado por el diario nicaragüense Confidencial.