La Paz, 1 de nov (Radio Splendid).- La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó su repudió por la violencia y los enfrentamientos protagonizados la noche de este jueves, en su mayoría, por jóvenes que participaron de un cabildo realizado en rechazo a los resultados electorales, y la Policía que recurrió al uso excesivo de gas lacrimógeno para dispersarlos, afectando, principalmente, a niñas, niños, madres con bebés en brazos y personas adultas mayores que se encontraban por el centro paceño.
“La Defensoría evidenció la agresividad con la que actuaron estos jóvenes al intentar romper la barrera de seguridad para ingresar a la plaza Murillo, así como la gasificación y el uso de dinamita por parte de los mineros que se encontraban cerca a ese sector, lo que provocó no sólo temor, sino afectación a la integridad física de algunas personas”, manifestó Cruz.
Personal de la Defensoría del Pueblo llegó hasta el lugar, donde por dos horas continuaron los enfrentamientos, la gasificación y la explosión de dinamitas. Identificó la detención de siete personas, cinco de ellas se encuentran en libertad tras cumplir las horas de arresto, y dos fueron remitidas a la FELCC; además de un herido, camarógrafo de una red televisiva, que resultó afectado en pierna.
Lamentó también, que producto de la confusión que se generó, algunas madres que se encontraban por el lugar, al intentar huir extraviaron a sus hijos; asimismo observó que algunos de los manifestantes tenían aliento alcohólico y que se permitió la participación en la movilización de niñas, niños y adolescentes de 13 años.
La Defensora reiteró su llamado a deponer actitudes violentas para dar paso a espacios que permitan pacificar el país; y le recordó a la Policía su accionar debe ajustarse a lo que dispone su Ley Orgánica y normativas disciplinarias; a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad y a las disposiciones internacionales como los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.