México / Washington, 4 Oct (EL PAÍS).- Estados Unidos construye desde hace meses otro muro con México y Centroamérica. No es una valla metálica ni tiene ladrillos. Se trata de un complejo entramado de políticas y acuerdos con los países de la región que restringen la llegada de cientos de miles que huyen de la miseria y la violencia. La promesa del Gobierno de Donald Trump es combatir el tráfico de personas y garantizar un tránsito seguro, pero organismos internacionales y organizaciones civiles denuncian que las nuevas medidas provocan el efecto contrario: detenciones masivas, violaciones de derechos humanos y un cuello de botella institucional que deja desprotegidos y en condiciones precarias a decenas de miles de solicitantes de asilo. Paralelamente los aboca a las selvas y la clandestinidad, expuestos a los traficantes de personas y la policía. Todo esto, lejos de territorio estadounidense. «Estamos viendo la consolidación de una «frontera virtual», afirma Aaron Reichlin-Melnick, analista del Consejo Americano de Inmigración.
«Estoy usando a México para proteger nuestra frontera», dijo Trump el pasado 26 de septiembre, días después de que se anunciara que las detenciones en la frontera sur de EE UU habían caído un 56% entre mayo y agosto. La reducción se produjo después del acuerdo bilateral alcanzado en junio en el que México se comprometió a endurecer su política migratoria destinando sus esfuerzos a registrar y controlar las entradas en la frontera y a desplegar 6.000 efectivos de la Guardia Nacional para contener la inmigración. El mandatario estadounidense logró que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aplicara la batería de medidas tras amenazarlo con implementar un arancel escalonado en todos los productos mexicanos importados, lo que hubiese significado un duro golpe para la economía del país latinoamericano
La victoria de Trump le permitió «desplazar» el muro virtual a la frontera sur mexicana. Por su parte, la Administración de AMLO consiguió que se quitara de la mesa la opción de convertir a México en un «tercer país seguro», lo que hubiese supuesto que todos los migrantes que cruzaran el río Bravo para llegar a EE UU en busca de asilo fueran automáticamente desplazados a territorio mexicano para que buscaran protección en ese país. Con esa opción fuera del tablero, en julio, las autoridades estadounidenses y guatemaltecas firmaron un acuerdo que ponía al país centroamericano como un primer filtro para los solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador, que debían empezar su trámite ahí y que daba a Washington la potestad de trasladar a los solicitantes a territorio guatemalteco. Antes de alcanzar el pacto que convirtió técnicamente a Guatemala en «tercer país seguro» -aunque ellos no se autodenominan así-, Trump ya había sacado la carta de una amenaza arancelaria para lograr su objetivo. Y el muro virtual seguía alejándose de la frontera estadounidense.
La instrucción de Trump para el Departamento de Seguridad Interior, de acuerdo con la prensa estadounidense, era alcanzar acuerdos similares con Honduras y El Salvador. Esos pactos se materializaron en agosto, con San Salvador, y en septiembre, con Tegucigalpa. El contenido de los documentos no se ha dado a conocer ni tampoco las condiciones de las negociaciones, pero las críticas no se han hecho esperar. «Son acuerdos en los que EE UU tiene todo que ganar y los países centroamericanos mucho que perder», resume el politólogo guatemalteco Jorge Wong.
Los cuestionamientos se centran en que los países centroamericanos no tienen recursos para gestionar la crisis migratoria que azota a la región. «Si se avanza en estos temas, va a aumentar la carga para países como Guatemala, Honduras y El Salvador, que no tienen mucha capacidad», advertía en una entrevista con EL PAÍS Filippo Grandi, titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también criticó los pactos de mano dura. «Las políticas actualmente en marcha en EE UU, México y varios países centroamericanos ponen a muchos migrantes en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos y abusos», sostuvo en septiembre en Ginebra, donde señaló que al menos 35.000 solicitantes de asilo han quedado varados en las zonas fronterizas mexicanas en lo que va de año.
Pero Trump, que construyó su campaña presidencial en 2016 en base con la retórica antiinmigrante, ya está trabajando de lleno para conseguir el segundo mandato en las elecciones del 2020. A pesar de que la construcción del muro fronterizo, su proyecto estrella, no ha avanzado al ritmo que deseaba, el republicano pretende continuar proyectando una imagen de mano dura con México para mantener contentos a sus filas.