Buenos Aires, 18 Sep (EL PAÍS).- Argentina está, por ley, en emergencia alimentaria hasta 2022. El Senado aprobó con los votos del oficialismo y la oposición (61 positivos y cero negativos) una norma que sube 50% los fondos que el Estado destina a los comedores populares, un viejo reclamo de los movimientos sociales que los administran. El costo fiscal de la medida alcanza unos 175 millones de dólares, según los relatores de la ley, que saldrán de la «reasignación de partidas» destinadas, por ejemplo, a la obra pública. La ley da un respiro a Mauricio Macri, que negocia día por día la paz social que le permita alcanzar las elecciones del 27 de octubre con el mínimo de sobresaltos. Pero la administración de la ayuda y la estrategia presupuestaria para financiarla dependerá del próximo Gobierno, que quedará, seguramente, en manos del peronista Alberto Fernández.
El debate parlamentario se desarrolló bajo presión, con miles de manifestantes piqueteros fuera del edificio del Congreso. Los senadores, sin embargo, no fueron todo lo expeditivos que habían prometido tras un acuerdo de «sesión expréss», similar a la que se desarrolló en Diputados la semana pasada. Durante la primera hora de sesión, la primera en dos meses debido a la interrupción que supuso la celebración de las primarias el 11 de agosto pasado, se plantearon cuestiones de privilegio sobre temas diversos que demoraron el inicio del debate definitivo. Se acordaron luego 10 minutos de discursos para una decena de senadores, con el fin de apurar el debate. La ley, finalmente, fue aprobada con el voto tanto de legisladores del macrismo como de los opositores peronistas.
La ley de emergencia alimentaria no fue una iniciativa de Macri, pero la gravedad de la crisis económica y las necesidades electorales terminaron por alinear a su tropa en el Congreso, donde dio su apoyo. La intención fue sacar el asunto de la agenda pública y desmovilizar a los movimientos piqueteros que llevan semanas en las calles exigiendo mayores fondos para los comedores que son la base de su existencia en todo el país. La necesidad de una campaña electoral sin acciones de calle convenció finalmente a todas las fuerzas políticas. Los grupos piqueteros tendrán ahora más fondos para repartir entre sus afiliados, que como contraparte garantizarán, se espera, la gobernabilidad hasta las generales.
El contexto de la ley es de extrema gravedad. La última estadística oficial cifró en 32% la pobreza, el mismo porcentaje que Macri encontró cuando sucedió al kirchnerismo en diciembre de 2015. Pero la estadística no toma en cuenta la tormenta financiera iniciada tras el arrollador triunfo del kirchnerista Fernández en las primarias, un ensayo general de lo que se podrá esperar el 27 de octubre. La depreciación acelerada del peso disparó la inflación de agosto hasta 4% (54,5% interanual) y las previsiones de septiembre ya cifran la subida de precios en alrededor de seis puntos. Este miércoles, la oficina de estadísticas oficiales, el INDEC, determinó que la canasta básica alimentaria, aquella que se define por el consumo mínimo de proteínas necesarias para una familia tipo, subió en agosto 3,8% con respecto a julio y 58,8% en términos interanuales.
El recrudecimiento de la crisis iniciado tras las primarias obligó a Macri a romper con la ortodoxia económica, y en ese trance llegará a las urnas. Durante las últimas semanas, la Casa Rosada anunció negociaciones para refinanciar la deuda de 57.000 millones de dólares contraída con el FMI y con los tenedores privados de bonos, congeló el precio de los servicios públicos y los combustibles, redujo impuestos a la clase media y repartió dinero extra entre los más pobres. La emergencia alimentaria cerró el círculo, aunque al costo de entregar más recursos a los movimientos piqueteros que le son más refractarios.
