Caracas, 29 mar (EL PAIS).- El régimen de Nicolás Maduro dio este jueves un paso más allá en su intento de asfixiar a Juan Guaidó. Lo hizo por la vía administrativa, estrechándole el cerco y tratando de expulsarle de la política. La Contraloría General de Venezuela, organismo controlado por el chavismo encargado de fiscalizar las instituciones públicas, inhabilitó al presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino por más de 50 Gobiernos, para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años. El responsable de ese organismo, Elvis Amoroso, le acusa de falsear u ocultar su patrimonio. Guaidó no reconoció su decisión.
El aparato chavista lanzó ayer una nueva maniobra para intentar neutralizar el plan del presidente del Parlamento, inmerso desde hace dos meses en un complejo pulso por el control del poder con Maduro. El contralor —cargo equivalente al auditor general de la Administración— se refirió a Guaidó como «diputado en desacato» y anunció una medida similar a la adoptada en 2017 en contra del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski. Amoroso afirmó que Guaidó «ha usurpado funciones públicas y ha cometido acciones con Gobiernos extranjeros que perjudican al pueblo de Venezuela2 y que «ha ocultado información en sus declaraciones patrimoniales2, haciendo 91 viajes al exterior «que no es capaz de costear con su salario». Además de inhabilitarlo, la Contraloría instó a la Fiscalía a que tome las acciones legales correspondientes.
Este nuevo movimiento del régimen se encuadra en un contexto de doble institucionalidad, por lo que sus consecuencias son inciertas. Si el desafío que Guaidó lanzó a Nicolás Maduro el pasado 23 de enero juramentándose como presidente interino, al considerar que Maduro asumió ilegalmente el poder, se resolviera a corto plazo con una convocatoria de elecciones presidenciales diseñada unilaterlamente por el chavismo, el político no podría presentarse a esos comicios. Se trata, sin embargo, de un escenario improbable dado que la Asamblea Nacional exige primero que cese la usurpación del régimen e iniciar un proceso de transición. Si el pulso desemboca en unas elecciones negociadas y pactadas, se establecerían las condiciones para que las decisiones del actual Gobierno quedaran sin efecto.
Pese a todo, Guaidó se comportó ayer como si nada hubiera pasado e invitó a sus seguidores a mantener la presión en la calle. «El pueblo de Venezuela no se va a dejar confundir con una falsa inhabilitación», afirmó. «No es contralor. El Parlamento legítimo es el único que puede designar un contralor».
Las declaraciones de Amoroso se inscriben, en cualquier caso, en un contrataque que el chavismo adelanta para sacarlo de la escena y apagar los ecos de las protestas populares en Venezuela. La población está agotada. Eso quedó demostrado en las últimas semanas con la secuencia de apagones y cortes de suministro de agua. El Gobierno lo sabe y su estrategia consiste en apagar el entusiasmo de los opositores.
Cuando Guaidó cruzó la frontera, la víspera de la operación fallida para introducir material médico y alimentos el pasado 23 de febrero, y se fue a Colombia pese a tenerlo prohibido expresamente por la justicia, el sector más intransigente del régimen, con Diosdado Cabello a la cabeza, le advirtió abiertamente de las consecuencias de su decisión. Hubiera podido detenerlo a su regreso. Sin embargo, el rival de Maduro volvió a Caracas de forma triunfal y continuó con su plan de desgaste. El chavismo, al menos hasta ayer, optó por no encarcelar al presidente de la Asamblea, quizá por temor a una reacción de Estados Unidos, pero quiere anular su margen de acción y estrecha el cerco sobre el entorno de Guaidó.
Roberto Marrero, su jefe de despacho y mano derecha, fue detenido la semana pasada bajo acusaciones de terrorismo y enfrenta la posibilidad de pasar un largo tiempo en la cárcel. El Gobierno de Maduro sigue responsabilizando a la Administración de Donald Trump y a la oposición de los, a su juicio, intentos de desestabilización con la crisis eléctrica más grave que conoció Venezuela.
La fórmula de la inhabilitación ha sido, junto con las detenciones, el recurso más utilizado por la justicia para desactivar a la oposición y generar división interna. Además del caso de Capriles, ocurrió en el pasado con el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, con la líder opositora María Corina Machado o Freddy Guevara, despojado de su inmunidad parlamentaria y actualmente asilado en la Embajada de Chile. A eso se suman las condenas judiciales y las medidas de privación de libertad como la que pesa sobre Leopoldo López, en arresto domiciliario desde 2017 tras pasar casi tres años y medio en la cárcel de Ramo Verde.