El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, respondió a las declaraciones del comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, sobre los mandamientos de aprehensión vigentes contra el expresidente Evo Morales y enfatizó que la institución policial tiene la obligación de cumplir y ejecutar los mandatos judiciales, sin emitir criterios sobre los procesos.
Mediante un comunicado, el mandatario citó el artículo 251 de la Constitución Política del Estado (CPE) para remarcar que la Policía debe proteger a la población y hacer cumplir la ley, sin pronunciarse sobre la solidez de investigaciones o la responsabilidad de los involucrados.
“La Policía Boliviana obedece y ejecuta. No califica procesos, no opina sobre culpables ni inocentes. Su deber es proteger al pueblo y hacer cumplir la ley”, dice el pronunciamiento oficial.
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En ese sentido, Lara sostuvo que la valoración de un proceso judicial corresponde exclusivamente a jueces y fiscales, y advirtió que opiniones emitidas desde la institución policial pueden afectar la institucionalidad del país.
El pronunciamiento de la autoridad surge después de que Sokol afirmó, en una reciente entrevistas, que la captura de Evo Morales “no es una prioridad” de su gestión y señaló que el proceso que enfrenta por trata y tráfico de personas “no va muy bien en el tema de las pruebas”
Asimismo, Lara demandó mayor celeridad en el cumplimiento de las más de 1.8000 órdenes de aprehensión que, según el máximo jefe policial, se encuentran pendientes a nivel nacional.
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“La ley es una sola para todos. Con 18.000 órdenes pendientes, lo que el país exige es celeridad sin privilegios ni excusas”.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, rectificó las declaraciones de Sokol y reiteró que la aprehensión del exmandatario constituye una tarea prioritaria para el órgano Ejecutivo.
Morales enfrenta dos órdenes de aprehensión: una por un caso de presunta trata de personas, relacionado con la supuesta relación que habría mantenido con una adolescente cuando ejercía la presidencia del Estado, y otra por los bloqueos de 53 días registrados entre mayo y junio, proceso en el enfrenta al menos seis delitos.