Con el objetivo de reforzar el suministro de diésel y gasolina en el país, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5644, que autoriza de manera excepcional la importación y comercialización de combustibles por parte del sector privado. Con ello, concluye el monopolio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en un contexto de escasez y de desconfianza sobre la calidad de los carburantes.
La medida responde a las dificultades de abastecimiento registradas en distintas regiones y busca ampliar la oferta de carburantes mediante la participación de empresas particulares.
La nueva norma permite que personas naturales y jurídicas, tanto del sector público como privado, importen derivados del petróleo para abastecer sus propias operaciones o comercializarlos en el mercado nacional.
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Uno de los aspectos centrales del decreto establece que los combustibles importados por privados podrán comercializarse a precios definidos por el mercado, a diferencia de los carburantes distribuidos por la petrolera estatal, que continúan sujetos al sistema de precios regulados.
Para acceder al esquema, los interesados deberán tramitar las autorizaciones correspondientes ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y, en casos que correspondan, ante el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas. Además, estarán obligados a registrar previamente los volúmenes a importar, acreditar la calidad del producto y cumplir las exigencias técnicas y de control establecidas por la autoridad reguladora.
A través del Decreto Supremo 5644, las estaciones de servicio estarán habilitadas a ofrecer combustibles distribuidos por YPFB como por aquellos importados por operadores privados. Sin embargo, la norma dispone que ambos productos deberán mantenerse separados durante su almacenamiento, distribución y venta, además de comercializarse con precios diferenciados para evitar confusiones entre combustibles regulados y de libre mercado.
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La disposición también prohíbe mezclar carburantes de distintos orígenes o vender combustibles adquiridos a YPFB bajo precios de mercado.
Para fomentar la participación privada, el órgano Ejecutivo estableció incentivos. Entre ellos figura una tasa de cero bolivianos por litro la alícuota del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) para el diésel y las gasolinas importadas hasta el 31 de diciembre de 2030, y un arancel de importación del 0% para las gasolinas hasta finales de 2026.
La aplicación de la norma quedará sujeta a la reglamentación que emita la ANH, una vez que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías apruebe los procedimientos y requisitos para otorgar las nuevas autorizaciones.
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La decisión del Gobierno de permitir la importación y comercialización privada de combustibles generó reacciones encontradas entre líderes políticos. Mientras Samuel Doria Medina consideró que la medida podría contribuir a mejorar el abastecimiento, Evo Morales advirtió que trasladará mayores costos a la población.
Doria Medina señaló que la apertura del mercado puede resultar positiva siempre que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) mantenga la venta de combustibles a un precio inferior al de los operadores privados. A su juicio, el nuevo esquema permitirá que los consumidores elijan entre adquirir carburantes subvencionados o pagar un precio mayor a cambio de un abastecimiento más rápido.
«Es una propuesta de la que se habló durante mucho tiempo y ahora veremos cómo funciona en la práctica. Puede dar resultados si el Gobierno garantiza que el combustible distribuido por YPFB no termine comercializándose al mismo precio que el importado por privados», sostuvo el empresario y político.
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Desde el Chapare, el expresidente Morales cuestionó la decisión del Ejecutivo y afirmó que la nueva normativa favorece la liberalización de los precios en detrimento de la economía de las familias bolivianas.
Según Morales, la disposición hará que un número creciente de ciudadanos deba comprar combustibles a valores internacionales, sin subsidios ni mecanismos de protección frente a las fluctuaciones del mercado. En ese sentido, acusó al gobierno de Rodrigo Paz de renunciar a una responsabilidad estratégica del Estado y priorizar los intereses comerciales sobre el bienestar de la población.